Abogada acusada de racismo en Brasil: le rechazaron el pedido de regresar a Argentina
La joven santiagueña de 29 años se comprometió a continuar a disposición de la Justicia brasileña. Sin embargo, las autoridades de ese país se lo negaron.
El Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro rechazó el pedido de la defensa de Agostina Páez la abogada argentina acusada de racismo, que solicitó regresar a su país.
En su presentación, la joven santiagueña de 29 años se comprometió a continuar a disposición de la Justicia brasileña y continuar el proceso por injuria racial desde Argentina. Sin embargo, sufrió un nuevo revés.
La decisión fue dada a conocer este miércoles, luego de que la Fiscalía analizara los planteos presentados por el equipo defensor de la abogada, que permanece en Río de Janeiro desde enero.
Según fuentes cercanas a la imputada, Páez atraviesa una situación económica delicada y solventa su estadía en Brasil con ahorros personales.
El Ministerio Público sostuvo que autorizar el regreso de la acusada durante la etapa de instrucción podría debilitar el control judicial y dificultar la eventual ejecución de una pena, en atención a "la gravedad del hecho y a la política de tolerancia cero contra el racismo establecida por la legislación brasileña".
Además, solicitó al juez interviniente que rechace la totalidad de los planteos formulados por la defensa y que se avance sin demoras hacia la audiencia de instrucción y el juicio oral, instancia que todavía no fue fijada.
La postura de la Fiscalía responde a una presentación previa de la defensa técnica de la ciudadana argentina, que cuestionó la validez del expediente al denunciar una presunta manipulación de pruebas digitales, alegar que la imputada desconocía estar cometiendo un delito, objetar la forma en que se acumularon los hechos atribuidos y señalar supuesta parcialidad de algunos testigos.
Para el Ministerio Público, en cambio, la acusación se encuentra debidamente fundada y cumple con los requisitos legales de claridad y precisión.
El dictamen remarca que los hechos y las víctimas están identificados, que la descripción de los episodios es precisa y que existen elementos probatorios suficientes -entre ellos, testimonios y registros audiovisuales- para continuar con el proceso.
Asimismo, señala que el Código Procesal Penal brasileño exige únicamente que la acusación describa de manera clara los hechos, identifique a los involucrados y establezca la figura legal correspondiente, extremos que, según la Fiscalía, se verifican en este caso.
También subraya que la propia defensa demuestra conocer los hechos investigados al proponer explicaciones alternativas y citar pruebas.
