En la ciudad entrerriana de Paraná, un joven murió supuestamente cuando era trasladado por personal de la Policía provincial a una seccional local. Un informe preliminar de la autopsia indicó que el deceso se produjo por asfixia, y si bien sus causas constituyen materia de investigación, han sido imputados los dos policías que abordaron al hombre.

La detención fue desencadenada por un alerta de un vecino, quien advirtió que el muchacho estaba subido a un techo, en estado paranoico y persecutorio. Pero a pesar de dichas manifestaciones, también reconocidas por los agentes, estos no lo dirigieron a un centro de salud, como establece en este tipo de casos el Protocolo Nacional de Seguridad, al que no se adhiere la Provincia de Entre Ríos.

En la madrugada del pasado 12 de febrero, un llamado al 911 pone en alerta al personal policial de la Comisaría 2ª de Paraná, respecto a la presencia extraña de un joven en el techo de una vivienda, en la calle Piedrabuena. Al respecto, el Titular de la Unidad Fiscal de Violencia Institucional, Santiago Alfieri, detalló a Crónica que “el llamado refiere a una invasión de una propiedad privada, razón por la que los agentes se dirigen al lugar para intervenir frente a un delito”.

El Fiscal reveló que al arribar a la escena, el Sargento Lisandro Romero, y el Cabo David Vázquez encuentran a Ariel Goyeneche en la parte superior de un inmueble. Pero este desciende ante el pedido de los policías sin ofrecer resistencia, según relató un testigo, el mismo que acudió a la presencia policial. En este sentido, Alfieri señaló, en base a los testimonios del mencionado vecino, y de Romero y de Vázquez, que “Ariel reflejaba un estado persecutorio y paranoico porque decía que lo estaban persiguiendo en moto por los techos, para matarlo. Iba y venía de este estado, porque por momentos expresaba coherencias, como reconocer que había consumido sustancias”.

A su vez, la autoridad judicial reconoció que “el testigo afirma que el joven estaba hiperventilando, lo cual estamos investigando. El destino del preso, según señalaron los agentes, era que lo observara un médico policial, y su posterior identificación”. En este sentido, la familia de Goyeneche enfatizó que no se aplicó el Protocolo Nacional de Intervención de las Fuerzas de Seguridad para preservar la integridad de las personas con padecimientos de salud mental.

En uno de sus principios, establece que “la atención inmediata del equipo de salud es la primera estrategia de mayor utilidad y prioridad en estas situaciones de urgencia”. Sin embargo, en la provincia de Entre Ríos, dicho procedimiento no se implementa, como le remarcó a este medio, Marcos, amigo del joven, al expresar que “Ariel tendría que haber sido trasladado a un hospital, porque cuando una persona está en estado de delirio, el protocolo establece que sea atendido en un centro de salud”.

En el trayecto hacia a la comisaría, a menos de cien metros, en el cruce de Belgrano y Gualeguay, Goyeneche habría descendido del móvil policial, a pesar de estar esposado, y presuntamente corrió hacia el interior de la Jefatura Departamental, invadido por la misma crisis persecutoria. En referencia a ello, Alfieri describió que “el detenido logra escapar del móvil, correr, subir, y bajar la escalera, lo que da cuenta de una crisis de salud mental. Pero también que lo custodian mal dentro del patrullero, porque se escapa esposado, y que él físicamente estaba bien, ya que podía correr”. En relación a estas últimas palabras, Marcos afirmó que “la policía quiso argumentar que Ariel murió por un ataque de asma, cuando hace más de 20 años que no sufre un cuadro asmático”.

El titular de la UFi en Violencia Institucional develó que al llegar a la seccional, el apresado habría sido reducido por Vázquez y Romero en el piso de la vereda. Uno de ellos supuestamente se abalanzó y colocó una de sus rodillas en la espalda de Goyeneche. En este sentido, Alfieri sostuvo que “estamos enfocados en esclarecer ¿Para qué estuvo en el cordón 25 minutos, boca abajo, agitado? Además debemos determinar si dicho proceder es racional, es decir, la racionalidad que se tuvo en la maniobra, si esta es proporcional al riesgo que implicaba su estado”.

Por su parte, mediante un comunicado dirigido al Ministro de Seguridad Provincial, Néstor Roncaglia, los familiares del joven expresaron que “fueron entre 20 y 30 minutos, según surge de los vídeos y testimonios aportados por testigos. Se lo ve a 'Ari’ con vida, esposado, con las piernas atadas, la cabeza contra el piso y dos efectivos policiales sujetándolo: uno encima de él. Mantenían su cara aplastada contra el piso, y su grito desgarrador : ' Por favor ya está, basta, basta'”.

Finalmente, el detenido muere por “asfixia, está confirmado”, aseguró Alfieri, quien al mismo tiempo dejo en claro que se aguarda por los resultados de la autopsia, que precisarán los causales de dicho ahogamiento. En tanto, los seres queridos de Ariel Goyeneche manifestaron, en el mismo comunicado al que accedió Crónica, que “en el velorio fue impactante ver su cara con hematomas de ambos lados, profundos, y golpes en la frente”.

La causa se desarrolla bajo la caratula: “Averiguación de causales de muerte”, y en la misma están imputados Vázquez y Romero, pero las autoridades judiciales no descartan que haya más funcionarios implicados en el hecho. En tanto, el representante legal del Sargento y del Cabo, Daniel Rosatelli, no se expresó, ante este medio, sobre la implicación de sus defendidos en el hecho.

No obstante, más allá del grado de responsabilidad de los imputados, el Fiscal destacó que “vamos a revisar otras decisiones que tuvieron lugar desde su arresto, como no trasladarlo ante un profesional de salud mental”. En la misma línea, Andrés Basigalup, abogado patrocinante de la familia Goyeneche, consideró, ante Crónica, que “esta muerte fue totalmente evitable desde el primer momento. Después hubo otros episodios para evitarla, por ejemplo, si estaba agitado, a 4 cuadras está el hospital de la ciudad, pero primero querían ver los antecedentes. Pusieron en marcha un protocolo de detención de un delincuente, no un protocolo de salud mental”.

Justamente el testimonio de Basigalup enfatiza la no adherencia de la Provincia al Protocolo Nacional de las Fuerzas de Seguridad en materia de Salud Mental. En este sentido, Néstor Roncaglia, Ministro de Seguridad de Entre Ríos, le reconoció a APFDigital, que sucesos como el relatado, “seguirán pasando. (Los policías) Se encontrarán con personas exaltadas. Hace poco ocurrió el caso Berenice, en Victoria, que fue muy parecido. Pataleaba, pegaba y escupía. En el hospital no la pudieron controlar y se escapó. Vuelve, pero termina fallecida”.