Santa Fe es otro de los territorios donde miles de mujeres movilizarán este miércoles 8 de marzo, en el que es conmemorado el Día Internacional de la Mujer. A los reclamos convocados a nivel nacional por el #8M, en esa provincia sumaban los pedidos de justicia por las víctimas de crímenes de odio vinculados a la narcocriminalidad, una cifra que creció más del triple en un año.

Así revelaron los datos difundidos este miércoles por el Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) que contabilizó 48 femicidios relacionados al narcotráfico en 2022, un número exponencialmente superior a los 14 registrados en 2021. En los dos primeros meses de 2023, ya van 10. 

En otro relevamiento difundido en las últimas horas por el Observatorio de Violencias por Motivos de Género “Mercedes Pagnutti”, al menos 9 femicidios fueron cometidos en los últimos 65 días en Santa Fe. Y al menos siete ocurrieron en contexto de criminalidad. 

Entre esas víctimas estaba Belén Soledad Paz, de 18 años, quien recibió un impacto de bala en la cabeza durante la noche del pasado 22 de febrero en el sudoeste de la ciudad de Rosario cuando fue interceptada por dos agresores en moto. En ese ataque también resultó herida Juana Paz, de 47 años.

Otras dos mujeres eran asesinadas el pasado 13 de febrero en otros barrios rosarinos. Una de ellas fue identificada como Carmen Ignacia Nuñez. Tenía 65 años y su hijo es policía. Como todos los días, salió a tomar mate en la esquina de su casa, en el barrio Tiro Suizo, cuando los homicidas llegaron en un auto y le dispararon tres tiros en el cuerpo y dos en la cabeza.

Horas más tarde, en el barrio La Tablada, mataron a Marta, alias “La Chana”. Fue acribillada a balazos cuando estaba en la puerta de su casa y llegó sin vida al hospital.

Frente al contexto de creciente violencia, organizaciones feministas presentarán este miércoles por tercera vez el proyecto de ley para declarar la Emergencia en Violencia de Género en la país, tanto en el Congreso Nacional como en la Legislatura de Santa Fe. En sus banderas resaltaban dos consignas para las que piden la urgente respuesta del Estado: el cese de los femicidios y la promoción de políticas públicas para mejorar la situación económica de mujeres y disidencias.

En su informe publicado el año pasado, el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe indicó que existen elementos que permiten determinar que la muerte violenta de mujeres en contextos de narcocrminalidad están relacionadas a su condición de género.

Tal es así que las víctimas son consideradas una mercancía o producto de venganza, ya sea por el escaso valor asignado a sus vidas hacia adentro de esas organizaciones o como respuesta a su desviación en relación a lo que se espera que sea su comportamiento. 

Estas características son las que diferencian a esa categoría de la de muertes en contexto de narcocriminalidad, donde sin existir elementos de violencia de género, las mujeres mueren por quedar en la línea de fuego o son víctimas colaterales en dichas situaciones.

La ministra a cargo de esa cartera, Florencia Marinaro, explicó a medios locales que “las mujeres se acercan a las organizaciones criminales como una salida laboral, como también lo hacen los varones jóvenes en situación de vulnerabilidad económica". "Si no terminamos con ese tejido social roto por la violencia, por la pobreza y por la desigualdad, este fenómeno sólo se va a discutir desde la seguridad o desde la Justicia”, subrayó al presentar el informe.

Además de las víctimas que responden a órdenes criminales como salida laboral para enfrentar la pobreza extrema, también están aquellas “que ocupan lugares de poder porque los líderes están presos”. “Las catalogan como 'malas víctimas', por tener consumos o pertenecer a bandas”, indicó la ministra en una entrevista que brindó meses atrás a Rosario3.

Detrás de esas mujeres está la precariedad económica, advierten las organizaciones feministas. “No se trata de mujeres que ocupan lugares de jerarquías en estas estructuras. Son víctimas de violencia y debemos pedir justicia más allá de sus devenires y posibilidades”, señaló Gabriela Sosa, referenta de Mumalá, en declaraciones a Radio2 de Rosario durante esta mañana.

“Nos preguntamos cuáles son los recursos de investigación, qué se podría haber indagado en el recorrido de las víctimas en los penales, en qué condiciones quedan las mujeres cuando el proveedor económico de su familia es detenido. Apelamos a que el Estado pueda responderlas en todas las víctimas mujeres e identidades feminizadas atravesadas por este nivel de violencia”, reclamó.