La justicia de Corrientes le puso fin a una espera de casi tres años para la familia de Lautaro Rosé, el joven de 18 años que murió ahogado en las aguas del río Paraná durante una persecución policial. Este jueves, el Tribunal Oral Penal 1 dictó una condena de 10 años de prisión para cuatro efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR), al encontrarlos culpables del delito de abandono de persona agravado por el resultado de muerte. 

Todo comenzó la noche del 7 de noviembre de 2021, en plena costanera correntina, durante los festejos por el Día del Empleado Municipal. Lautaro había ido a disfrutar con su amigo, Ismael Meza, cuando una serie de incidentes menores provocaron la llegada de los móviles del GIR. Ante el avance policial, los jóvenes se asustaron y empezaron a correr hacia la zona de la playa Arazaty, buscando refugio en la oscuridad de la costa.

En su desesperación por escapar, Lautaro e Ismael saltaron un alambrado del Club Boca Unidos y terminaron en una zona de barrancas y escombros, un terreno traicionero frente al río. 

Allí fueron acorralados por los uniformados, quienes, lejos de dar una orden de detención formal, comenzaron a disparar postas de goma. Bajo fuego y sin salida, los dos amigos no tuvieron más opción que lanzarse al agua.

Apenas cayó al agua Lautaro comenzó a gritar. El joven no sabía nadar y empezó a hundirse desesperadamente mientras pedía auxilio. Su amigo Ismael también suplicó a los policías que los ayudaran, pero la respuesta fue más violencia: los efectivos continuaron apuntándolos con linternas y disparando, observando fríamente cómo el chico de 18 años luchaba por su vida.

Ismael logró alcanzar la orilla con las pocas fuerzas que le quedaban, pero en lugar de recibir asistencia médica, fue recibido con golpes y esposas. Mientras Lautaro desaparecía en el Paraná, los policías se dedicaron a amenazar al sobreviviente para garantizar su silencio. Le ordenaron que, si alguien preguntaba por su ropa mojada, debía mentir y decir que se había metido al agua simplemente para buscar una pelota que se le había caído.

El encubrimiento continuó cuando intentaron entregar a Ismael en una comisaría local. Sin embargo, los jefes de guardia, al ver el estado del adolescente y la falta de un acta o examen médico, se negaron a recibirlo. Tras nuevas amenazas de muerte, los efectivos decidieron liberarlo en la calle, dejándolo solo con el trauma de haber visto morir a su amigo. El cuerpo de Lautaro recién fue hallado tres días después, flotando cerca del lugar donde los policías lo habían dejado a su suerte.

La investigación judicial posterior fue contundente al encontrar las zapatillas de la víctima y los cartuchos antitumulto que los policías habían intentado descartar en la zona. Estos elementos probaron que los efectivos dispararon a los jóvenes cuando ya estaban en una situación de extrema vulnerabilidad dentro del agua.

Juicio

El juicio no estuvo exento de escándalo, principalmente por el rol del fiscal Carlos Lértora. A pesar de las pruebas, el funcionario -quien sigue en su cargo pese a tener la jubilación aprobada, se negó a acusar a los policías, alegando que las pruebas eran insuficientes. Incluso llegó al extremo de pedir que se investigara al sobreviviente por falso testimonio, una postura que el Tribunal descartó de plano y que generó un fuerte repudio por parte de los organismos de derechos humanos.

Finalmente, los jueces Ana del Carmen Figueredo, Darío Alejandro Ortiz y Oscar Ignacio Dubrez condenaron a Carlos Alberto Prieto, Sergio Iván Barberán Robledo, Omar Guillermo Aguirre y Maximiliano Leonel Romero. Aunque la pena fue de 10 años, los efectivos no irán a prisión de inmediato; permanecerán en libertad bajo restricciones de conducta hasta que la sentencia quede firme.

Deberán fijar domicilio, presentarse todos los meses ante el Tribunal y no salir de la provincia sin autorización judicial.  

Por su parte, otros dos oficiales, Juan Daniel Aveiro y Vicente Manuel Pruyas Suárez, resultaron absueltos por los golpes e ilegalidades cometidas contra Ismael, beneficiados directamente por la falta de acusación de la fiscalía. Para Hermindo González, abogado de la querella, el mensaje es claro: sin la lucha incansable de la familia Rosé para sostener la acusación de forma privada, este caso de violencia policial habría terminado en el archivo.

Durante el juicio, la querella pidió 20 años de cárcel para los policías y su detención inmediata.

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