La causa por el triple crimen de Florencio Varela fue derivada a la Justicia Federal
El caso cambió de autoridades judiciales al frente de la investigación. Los detenidos por los macabros asesinatos ya tienen prisión preventiva.
La investigación por triple crimen de Florencio Varela cambió de autoridades judiciales al frente de las tareas en busca del esclarecimiento del caso.
En las últimas horas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial de Morón aceptó estar a cargo del expediente por los asesinatos de Morena Verdi (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).
En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el fiscal Adrián Arribas confirmó que la causa fue derivada del fuero ordinario al federal.
Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Celeste Magalí González Guerrero (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Matías Agustín Ozorio (28), Ariel Giménez (29) y Lázaro Víctor Sotacuro se encuentran detenidos con prisión preventiva por los asesinatos, mientras que Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, continúa preso en Perú.
Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor Jota” está imputado por los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y críminis causa”.
Además, Mónica Mujica -mujer de Sotacuro- también está arrestada, en tanto que persiste la búsqueda de Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani (alias “El Loco” David) y Manuel Valverde Rodríguez (todos tienen circulares rojas de Interpol).
El fiscal Arribas había requerido que los detenidos continúen tras las rejas mientras avanza la investigación, y hasta ser juzgados en un juicio por los violentos asesinatos de las jóvenes. Además, expresó la incompetencia de la justicia ordinaria y solicitó el pase del expediente al fuero federal, más precisamente a la fiscalía federal de Morón.
"La intervención de la Justicia Federal se vislumbraba como la mejor solución para asegurar una mayor eficacia de la investigación y cumplir con los fines de la Ley N° 23.737, vinculada a los delitos de estupefacientes, en la que participan organizaciones multi-territoriales", sostuvo el fiscal al determinar que el móvil tuvo que ver con una venganza por robo de drogas a la banda.
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