La Justicia de Córdoba confirmó el hallazgo e identificación de más de diez personas desaparecidas durante la última dictadura militar. Los restos óseos fueron localizados en terrenos cercanos al ex centro clandestino de detención La Perla. 

Los trabajos de investigación fueron ejecutados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba. 

El operativo en los alrededores de La Perla se dio como una continuidad de las tareas iniciadas en marzo en la zona denominada Loma del Torito. 

El sector de intervención se sitúa dentro de la Guarnición Militar de La Calera, un predio bajo jurisdicción del Ejército Argentino. En este espacio funcionó, entre 1976 y 1978, La Perla, uno de los núcleos operativos de mayor envergadura dentro del sistema represivo del Tercer Cuerpo de Ejército. 

Se calcula que por dichas instalaciones transitaron 2.500 detenidos-desaparecidos. 

Nuevos restos humanos identificados en los alrededores de La Perla

Según el Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, encabezado por el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, la nómina oficial de los nombres identificados se dará a conocer la próxima semana. 

El protocolo judicial estipula que la difusión pública debe ser posterior a la notificación formal y privada a los familiares de las víctimas. 

Por otro lado, se detalló que el área de excavación comprende una superficie de tres hectáreas. Este terreno es colindante a un sector que fue objeto de peritajes entre septiembre y noviembre de 2025, periodo en el cual se logró recuperar una cantidad importante de material biológico humano para su posterior análisis de laboratorio. 

Las identificaciones recientes se suman a las doce informadas en marzo de este año. Los peritajes confirmaron que los restos hallados en la Loma del Torito pertenecían a Carlos D'Ambra Villares, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Mario Alberto Nívoli Gauchat, Alejandro Jorge Monjeau López y Ramiro Sergio Bustillo Rubio.

Asimismo, la lista de víctimas identificadas previamente incluye a Adriana o Cecilia Carranza Gamberale, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde Suárez, Sergio Julio Tissera Pizzi y Elza Mónica Okelly Pardo. 

El proceso para llegar a estos resultados implicó una fase de investigación documental y testimonial previa para delimitar las áreas de búsqueda. Los investigadores emplearon herramientas de alta precisión, como análisis geológicos y el estudio de fotografías aéreas capturadas en el año 1979. 

Esto permitió detectar remociones de suelo y alteraciones en el terreno compatibles con la existencia de fosas clandestinas ocultas bajo la superficie. Una vez recuperado el material, se procedió al análisis antropológico de los elementos óseos. 

Luego, se realizó el cotejo de ADN en el Laboratorio de Genética Forense del EAAF. Este procedimiento consiste en comparar los perfiles genéticos extraídos de los restos con las muestras de referencia aportadas por los familiares de personas desaparecidas que integran el Banco Nacional de Datos Genéticos.