Continúa la investigación por el homicidio de Ángel López, el nene de 4 años asesinado a golpes. La Justicia de Comodoro Rivadavia recibió una denuncia sobre quienes debían protegerlo. El abogado Roberto Castillo, en representación del padre de la víctima, apuntó contra la psicóloga Jennifer Grisel Leiva.

La profesional, integrante del Servicio de Protección de Derechos (SPD), es señalada por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte.

Para la querella, el rol de Leiva fue determinante en el desenlace fatal. La acusan de haber elaborado informes periciales falsos que permitieron que el nene fuera entregado a su madre biológica, Mariela Altamirano, y a su pareja, Michel González. Ambos permanecen detenidos por el crimen. 

El planteo judicial sostiene que no se escuchó adecuadamente al menor, quien presentaba dificultades para expresarse debido a su desarrollo madurativo.

"Ángel tenía dificultades para expresarse. Si el juez no pudo identificar que su figura materna era Lorena, es porque no hizo preguntas de contexto", cuestionó Castillo.

Según el abogado, el sistema solo escuchó la frase "me quiero ir con mi mamá" y supuso erróneamente que se refería a la progenitora y no a la pareja de su padre. Esta decisión cambió la guarda. 

Por eso también criticó el rol de la defensora de menores: "No entendemos cómo, con un solo dictamen, se le quita el cuidado personal. Además, se dictó una prohibición de acercamiento que aisló completamente a Ángel de su entorno de contención". 

La denuncia no se limita a la responsabilidad penal, sino que exige medidas cautelares urgentes para evitar que la investigación sea entorpecida. 

Entre los pedidos principales se destaca la suspensión preventiva de Leiva en sus funciones dentro del SPD. También solicitaron que se le prohíba la salida del país mientras avance la causa, ante la gravedad de las imputaciones presentadas.

En el escrito se requiere el secuestro inmediato del legajo personal y profesional de la psicóloga. El procedimiento alcanzaría a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, al Colegio de Psicólogos de Chubut y al propio organismo estatal donde se desempeña. 

La intención es revisar todos los informes técnicos que la profesional elaboró durante los últimos dos años para detectar posibles irregularidades previas.

La querella también puso el foco en otros expedientes de revinculación familiar que actualmente maneja el equipo técnico de la denunciada. Se solicitó la reserva de esos casos y la prohibición estricta de modificar cualquier documentación.

Otro punto clave del pedido es la designación de un perito psicólogo forense independiente para auditar cada paso del trabajo realizado por Leiva en el caso de Ángel.

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