Un hecho trágico ocurrió en la provincia de Jujuy, donde una turista de nacionalidad boliviana de 66 años, murió luego de sufrir un ataque cardíaco y tener que esperar varias horas para ser asistida al quedar atrapada en medio de una manifestación con corte de rutas que se realizaba a la altura de la localidad de Purmamarca.

El episodio ocurrió el domingo pasado alrededor de las 13, sobre la ruta nacional N°9, mientras el micro de larga distancia que había partido de Buenos Aires, estaba a la espera de que los manifestantes le habilitaran el paso. 

En ese contexto, la víctima, identificada como Virginia Florez Gómez comenzó a sentirse mal y se desmayó, a bordo del micro que la transportaba mientras estaba varado por un corte de ruta antes del ingreso a la localidad jujeña de Abra Pampa. 

Tras dar aviso al servicio de emergencias, llegó al lugar una ambulancia del SAME que rápidamente la trasladó al hospital. Pero, al llegar al centro de salud, la turista volvió a descompensarse y, pese a los esfuerzos de los profesionales, no pudieron reanimarla. El parte médico indica que falleció de un paro cardio respiratorio.

La mujer había partido el jueves pasado desde Buenos Aires con destino a Bolivia.

 

Sin embargo, el viaje se había convertido en una odisea. Es que se vio obligado a detener su marcha en un corte de ruta en Purmamarca, donde permaneció detenido durante unas 10 horas, y luego tuvo que volver a interrumpir su marcha en el corte de la Ruta Nacional 9.

Este hecho dramático ocurre a casi un mes del inicio de los cortes de ruta que comenzaron en la provincia de Jujuy por parte de pueblos originarios que rechazan la reforma constitucional del gobernador Gerardo Morales. De esta manera, es que se desarrollan las protestas que abren el tránsito vehicular cada 6 horas.

¿Cuáles son los artículos de la polémica en la nueva Constitución de Jujuy?

Con el artículo 50, bajo el título "Derechos y Garantías de las Comunidad de los Pueblos Indígenas", el Gobierno anunciaba una nueva Constitución ampliando derechos que protegen la identidad, la cultura, la espiritualidad y los modos de vida ancestrales, además de garantizar la propiedad comunitaria.

En sus enunciados fijaba que la Constitución "reconoce la preexistencia étnica y cultural de las comunidades originarias y pueblos indígenas de Jujuy y garantiza el respeto a su identidad, espiritualidad, herencia cultural conocimientos ancestrales y el derecho a una educación bilingüe e intercultural".

 

El punto 2 establecía: " El Estado es el encargado de reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, con el fin de garantizar y reafirmar la integridad territorial de la provincia en la Nación".

 

 

En el 3 se indicadaba que "el Estado promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano" y el 4, que "ninguna de las tierras mencionadas en los incisos anteriores serán enajenables, transmisibles ni susceptibles de gravámenes o embargos".

Luego, el artículo en su inciso 5 consideraba que "el Estado garantiza el derecho a la participación y consulta previa e informada de las comunidades originarias reconocidas en la provincia respecto a sus recursos naturales y a los intereses que las afecten de manera directa".

Mientras que el Artículo 50 se mantiene con el siguiente texto "garantiza la protección a los aborígenes", con lo cual "la provincia deberá proteger a los aborígenes por medio de una legislación adecuada que conduzca a su integración y progreso económico y social".

 

Tampoco se modificó el Artículo 36 que reconoce el derecho a la propiedad privada que marca que "la propiedad es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia firme fundada en ley", entre otros aspectos.

Y se ratificó el Artículo 32 "Derecho de Reunión y Manifestación" que expresa: "Queda asegurado a todos los habitantes de la provincia y sin permiso previo el derecho de reunión y de manifestación cuando fueren pacíficas y sin armas".

Por otro lado, la Convención constituyente ratificó en su plenitud el Artículo 67, titulado "Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica", y al cual se apunta porque "cercena" los derechos a la protesta y manifestación callejera.

En los incisos se marca que: "Todas las personas tienen derecho a vivir en una sociedad basada en la paz social, la tolerancia mutua y la convivencia democrática pacífica, libre de violencia e intimidación".

 

 

Además, que  "el Estado debe asegurar, como base fundamental de la convivencia democrática pacífica, que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de las otras" y que  "la ley establecerá los mecanismos para proteger el derecho a la paz social y a la convivencia democrática pacífica".

 

 

Quedó expresado también "la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia".

Estos cambios relacionados con el derecho a la protesta generaron el repudio de los sectores sindicales especialmente al entender que se trata de "una imposición más del Gobierno contra los trabajadores".

 

"Esta constitución no reúne toda la legalidad ni la legitimidad que tiene que tener un cuerpo normativo de esta entidad", expresó la secretaria general de la Asociación del Personal de Organismo de Control (Apoc), Susana Ustárez, quien también afirmó que el gobernador "está poniendo en riesgo el control público en la provincia".

Además con la nueva constitución, hay "graves declaraciones contra la protesta social criminalizándola y cercena derechos a casi todo los espacios laborales y en particular los organismo de control reduciendo su alcance y funciones".

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