SIN ALMA

Suspendieron a una fiscal por demorar denuncias de una mujer que terminó asesinada

La funcionaria judicial fue sancionada por unanimidad a 90 días sin goce de sueldo. Su defensa apelará.

Una fiscal de Rosario fue suspendida por 90 días sin goce de sueldo tras comprobarse que demoró de forma injustificada la investigación de reiteradas denuncias por violencia de género.

María Verónica Ballari, quien tenía a su cargo las presentaciones que realizó la enfermera Ailén Ayelén Oggero, de 32 años, antes de ser ejecutada a balazos en febrero de 2025. Los legisladores provinciales consideraron de manera unánime que existió una inacción alarmante por parte de la funcionaria judicial ante el peligro que corría la víctima.

La fiscal fue cuestionada porque, antes del asesinato, no imputó ni pidió medidas cautelares contra el exnovio de la víctima, a quien ella había denunciado por amenazas y hostigamiento.  

El femicidio ocurrió el 18 de febrero de 2025 en una vivienda de la calle Prusia al 6700, en el barrio Belgrano de Rosario. Un hombre atacó a la enfermera cuando salía de su casa y le efectuó cinco disparos, la mayoría en la cabeza y los brazos.

Los tiros fueron escuchados por el padre de la mujer y por sus dos hijos  de 4 y 11 años, quienes se encontraban adentro de la vivienda. Ailén murió en el acto.

Meses antes de ser ejecutada, la víctima había denunciado de forma reiterada a su expareja. El 27 de noviembre de 2024, el hombre irrumpió en su propiedad, la golpeó ferozmente, le robó el auto y la mantuvo privada de la libertad durante dos horas. A pesar de que se fijó una restricción de acercamiento, el agresor continuó hostigándola y persiguiéndola, incluso en las inmediaciones del hospital donde ella trabajaba. La fiscalía no ordenó su imputación ni solicitó medidas de prisión preventiva mientras Ailén estaba viva.

Sanción

La sanción contra Ballari fue dispuesta por la Comisión de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe, luego de una auditoría realizada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA). La funcionaria ya había sido desplazada de las unidades de violencia de género. 

Por su parte, la defensa de la fiscal rechazó la medida, argumentó que no hay pruebas que vinculen formalmente a la expareja con el homicidio y adelantó que apelará el fallo ante la Corte Suprema. 

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