Un sargento del Ejército Argentino de 39 años terminó detenido en Chile este domingo, luego de que agentes de Aduana encontraran dos proyectiles de mortero escondidos en el baúl de su auto.  Fue imputado por los delitos de contrabando y tenencia ilegal de explosivos.

El hallazgo ocurrió durante un control de rutina en el complejo fronterizo Los Libertadores, en la región de Valparaíso, cerca de las 7:30 de la mañana.

El militar, identificado por sus iniciales como C.D.M., circulaba en su vehículo particular cuando fue sometido a la inspección de rigor por parte del personal del Servicio Nacional de Aduanas. Todo parecía normal hasta que un perro detector de la fuerza alertó a los inspectores sobre un objeto sospechoso que se encontraba en el sector trasero del rodado. Al abrir el baúl, los funcionarios dieron con una caja metálica de color verde, con inscripciones que no dejaban lugar a dudas: hacían alusión directa a municiones militares.

La sorpresa de los agentes fue al abrir el recipiente y encontrarse con dos proyectiles de mortero. Se trata de munición pesada, diseñada para ser lanzada desde piezas de artillería, cuyo traslado civil está prohibido y regulado bajo estrictas normas internacionales. Ante el hallazgo, el uniformado argentino no tuvo más remedio que admitir su naturaleza, aunque ensayó una excusa que poco convenció a los investigadores.

Al ser interrogado sobre el origen de los artefactos, el sargento confirmó que efectivamente se trataba de material militar de mortero, pero aseguró que se había olvidado de que estaban allí. Según su insólita explicación, no recordaba que los elementos permanecían dentro de la caja metálica al momento de emprender el cruce hacia Chile. 

Se dio aviso al Juzgado de Garantía de Los Andes, que ordenó la detención del hombre de 39 años. El militar fue trasladado para ser formalizado por los delitos de contrabando y tenencia ilegal de explosivos, dos figuras penales graves que pusieron en alerta a los mandos del Ejército a ambos lados de la frontera. 

Audiencia

Durante la audiencia, la jueza a cargo del caso analizó las pruebas presentadas y las características de los elementos incautados. Los proyectiles, según estimaciones de los sitios locales, fueron valuados en unos 272.000 pesos chilenos, lo que equivale aproximadamente a 318 dólares. 

Se determinó que recupere su libertad, aunque quedó sujeto a medidas cautelares mientras se desarrolla la investigación. La jueza dictó la obligatoriedad de una firma bimensual ante la fiscalía de Los Andes para asegurar que el militar permanezca a derecho. Además, se fijó un plazo de seis meses para que la justicia recolecte todas las pruebas necesarias y determine la procedencia exacta de los proyectiles.

En tanto, el material explosivo fue retirado de la frontera bajo un fuerte operativo de seguridad y entregado al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Valparaíso. Los expertos en explosivos de esta unidad serán los encargados de realizar las pericias técnicas para confirmar el estado de los proyectiles y si estos estaban aptos para ser disparados.

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy