La Justicia de Mendoza abrió una investigación sobre un presunto esquema de estafas que habría quitado cerca de 540 mil dólares de los ahorros de decenas de personas. 

Bajo la promesa de rendimientos mensuales en dólares que seducían a cualquiera, un grupo inversor captó capitales que, según las denuncias, nunca regresaron a las manos de sus dueños. 

El fiscal de Delitos Económicos, Hernán Ríos este viernes imputó por "estafas genéricas" a los tres principales responsables de la firma: el abogado Iván Yoma, el empresario Pablo Falco y su socio Rodrigo López Casado.

El engaño, que se habría gestado a través de la empresa Construtec, ofrecía a los inversores un interés del 2,5 % mensual en moneda extranjera. 

La operatoria parecía sólida sobre el papel: los clientes firmaban contratos y el dinero se destinaba supuestamente a créditos prendarios, compraventa de vehículos y desarrollos inmobiliarios. 

Todo fue bien durante el primer año, una táctica habitual en estos esquemas para generar confianza, hasta que a principios de 2025 los pagos se cortaron y empezaron las excusas que hoy terminan en tribunales.

Entre los damnificados aparece un nombre que sacudió el ambiente deportivo: el maratonista Ignacio Erario. 

El ganador de los 21k de Buenos Aires y subcampeón sudamericano de maratón relató el calvario que vive tras haber confiado 28 mil dólares a la financiera. 

Erario, que esperaba su primer hijo, decidió invertir los ahorros de diez años de esfuerzo y competencias con el sueño de construir su propia casa, una meta que hoy parece esfumarse entre expedientes judiciales y promesas incumplidas.

El atleta no llegó solo a la oficina del estudio jurídico Asesoría Legal S.A., donde funcionaba la operadora; lo hizo movido por la confianza de que su padre y su hermano ya habían puesto dinero allí. 

Según su testimonio, el interés ofrecido no era tan disparatado como para encender las alarmas de inmediato. 

Sin embargo, cuando llegó el momento de retirar el capital en 2025, la respuesta fue el silencio o justificaciones sobre la devaluación y la necesidad de tiempo para ejecutar garantías que nunca aparecieron.

La interna entre los acusados suma un condimento extra a la causa, ya que el abogado Yoma había denunciado previamente a su socio Falco por "administración fraudulenta", acusándolo de manejar fondos por fuera de la sociedad. 

Para los investigadores, estas maniobras cruzadas podrían ser parte de una estrategia para dilatar los reclamos de las víctimas. Mientras tanto, algunos denunciantes aseguran que los socios jugaban al "policía bueno y policía malo" para evitar que el escándalo estallara antes de tiempo.

La situación de Erario se volvió aún más tensa después de que hiciera público su caso en las redes sociales. 

Lejos de recibir una solución, el corredor fue intimado por Yoma, quien lo amenazó con una demanda por daños y perjuicios contra su imagen. 

"En su momento nos explicaron que las inversiones estaban sustentadas en créditos prendarios e inversiones inmobiliarias. El interés era alto, pero tampoco tanto como para sospechar. Cuando llegó el momento de retirar el dinero en 2025, empezaron las excusas. De que la devaluación, que les habían liquidado los créditos, que necesitaban tiempo para ejecutar garantías prendarias. Y nada, nos pidieron tiempo", explicó en las redes. 

"La verdad es que para nosotros es devastador porque fueron muchos años. Diez años de entrenamiento, de trabajo, de que cada vez que ganaba algo de las carreras lo ahorraba. Estoy lleno de frustración e impotencia, no dejo de preguntarme si fue mi culpa por haber confiado", agregó el deportista. 

La defensa

Por el lado de los imputados, sostienen que no hubo intención de estafar a nadie, sino que se trató simplemente de un "negocio que salió mal" debido a las condiciones del mercado. 

Sin embargo, el fiscal Ríos avanzó con allanamientos y el secuestro de documentación clave que podría demostrar que el dinero de los inversores no fue a parar a los destinos prometidos en los contratos.

El volumen de la estafa podría seguir creciendo con el correr de los días, ya que se estima que el número de damnificados oscila entre 20 y 50 personas, muchas de ellas aún no se animaron a presentarse en la fiscalía.

La causa ahora entra en una etapa de peritajes contables para seguir la ruta del dinero. El fiscal busca determinar si existió una estructura montada específicamente para defraudar o si, efectivamente, hubo una insolvencia financiera real. 

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