La Justicia dispuso un allanamiento a la sede del Ministerio de Capital Humano, en el marco de la investigación por las más de cinco mil toneladas de alimentos destinados a comedores y merenderos comunitarios que fueron retenidos en depósitos de esa cartera. 

El procedimiento fue dispuesto por el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7, a cargo del juez Sebastián Casanello, y estuvo a cargo del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal.

Entre los elementos secuestrados se cuentan una copia de seguridad (backup) de la computadora asignada a Pablo Berardi, director de la Dirección de Logística del Ministerio de Capital Humano; todas las órdenes de entrega emitidas desde el 27 de mayo del presente año y los partes diarios proporcionados por el personal de los depósitos “Buenos Aires” en Villa Martelli y del Centro Operativo Tucumán en la ciudad de Tafí Viejo.

 

También se dispuso el monitoreo y análisis del sistema informático S.U.M.A., para rastrear los movimientos de alimentos. Eso permitirá obtener detalles sobre el stock, ingresos, salidas y estado de los alimentos, incluyendo alertas sobre vencimientos, defectos en la mercadería y posibles desechos.

De esa manera busca comprobarse si se cumplió con la elaboración de un cronograma para la distribución de los alimentos, que la Justicia viene reclamando de manera insistente.

La orden judicial incluyó el acceso a varias cuentas de correo electrónico utilizadas por empleados y funcionarios para actividades oficiales, con el objetivo de extraer todos los correos enviados y recibidos desde el 27 de mayo hasta la fecha.

El magistrado había fijado un plazo hasta la mañana de este jueves para la entrega de documentación probatoria y hasta ese momento no había tenido respuestas. 

 

 

Por eso instruyó a la Policía que “ante la eventualidad que no se dé cumplimiento a ella [por la orden de entrega de los elementos], se lo autoriza de manera subsidiaria a proceder en ese mismo momento al allanamiento de la mencionada entidad con el objeto de proceder al secuestro de la documentación antes detallada”.

“En ese caso, deberá procederse de acuerdo a las disposiciones previstas en el artículo 224 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, y se podrá hacer uso de la fuerza pública de así necesitarse”, escribió el juez en su resolución.

 

Distribución de alimentos: se complica la situación de la ministra Sandra Pettovello

 

El juez Casanello acusa a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La causa se inició a partir de una denuncia del dirigente social Juan Grabois, quien había revelado que el Ministerio guardaba sin motivo gran cantidad de alimentos que habían sido comprados por el Estado y que debían ser repartidos en merenderos, comedores y centros comunitarios.

Al trascender la noticia, Grabois opinó que se trataba de un fallo “contra la incumplidora serial”, en referencia a Pettovello y a los recursos judiciales presentados para evitar obedecer las resoluciones de la Justicia.

 

 

El referente de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) también sostuvo que las dilaciones de la funcionaria dejan “a los pibes sin comer”.

A la par de la causa en la Justicia Federal, también hay una intimación del juez en lo contencioso administrativo Walter Lara Correa para que Pettovello explique cómo está garantizando el derecho a la alimentación de quienes acuden a comedores y merenderos comunitarios, algo que le exigió en una cautelar que dictó el 12 de julio último.

Desde el Ministerio aseguran que los programas alimentarios vigentes se están cumpliendo con normalidad. Sin embargo, desde las organizaciones sociales llueven denuncias sobre la falta de suministro de alimentos y que por esa razón muchos centros comunitarios ya no pueden ofrecer la comida a los niños y adultos que solían atender hasta hace pocos meses.