En las últimas horas, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay emotieron un comunicado oficial en conjunto en el que manifiestan su profunda preocupación por la detención arbitraria de la activista de derechos humanos, Rocío San Miguel.

Según este escrito, además hacen un enérgico llamado a las autoridades venezolanas a liberarla de inmediato y deponer los cargos realizados.

En esta línea, el documento de la Dirección de Prensa y Difusión del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto sostiene que: "De igual manera, rechazan las recientes medidas contra  la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y reclaman por el respeto pleno de los derechos humanos, la vigencia del estado de derecho y la convocatoria de elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas sin proscripciones de ningún tipo".