Por Luis Mendoza 
lmendoza@cronica.com.ar 

Diputados nacionales de distintos bloques buscarán en los próximos días acuerdos para definir el cronograma inicial del debate que se dará en comisiones por la despenalización del aborto, que ya genera polémicas y posiciones encontradas en los bloques mayoritarios. La idea en el oficialismo, blanqueada por el diputado macrista Daniel Lipovetzky, sobre quien recaerá el peso de conducir la discusión en las Comisiones de Legislación General, Salud, Familia y Mujer y Legislación Penal, es iniciar, el martes 20 de marzo, el diseño del mecanismo y el cronograma para el tratamiento de las iniciativas vinculadas con la espinosa cuestión.

Entre esta semana y la próxima se concretará la convocatoria formal para la constitución y elección de autoridades de esas comisiones, aunque ya ha trascendido que Lipovetzky seguirá al frente de Legislación General -será cabecera- y que la diputada Carmen Polledo, también del PRO, presidirá la de Acción Social y Salud.

Todavía faltan definiciones para las de Familia y Mujer y Legislación Penal. La conformación de esos cuerpos legislativos será clave para tener una idea cercana sobre cuál será el desenlace a la hora de la firma de dictámenes si, como todo indica, se llega esta vez a esa instancia, el paso previo a tratar el tema en el recinto de sesiones. Hasta aquí, eso no ocurrió nunca.

El “visto bueno” del presidente Mauricio Macri para que este año se vuelva a debatir en el Congreso sobre la despenalización del aborto, como era de suponerse, ya cruza y genera polémicas y posiciones encontradas en los bloques mayoritarios.

Consulta popular
Los chispazos comenzaron con el anuncio de presentación de proyectos a favor de la convocatoria de una consulta popular para que la ciudadanía se expida a favor o en contra del aborto, mientras ya surgieron rechazos a esa posibilidad desde el mismo seno del oficialismo parlamentario.

El que abrió la polémica fue el presidente del interbloque Cambiemos en el Senado, Luis Naidenoff, quien consideró que debe convocarse a una consulta popular para no circunscribir el debate solamente en el Congreso. “Vamos a cometer un error si encapsulamos el tema únicamente en el Parlamento”, dijo el legislador radical, y pidió que “se escuche a la sociedad” porque es un tema en que “se cruzan cuestiones éticas, jurídicas, religiosas y también la salud pública”.

La idea de llamar a una consulta popular no vinculante también fue expuesta en una iniciativa por los senadores de San Luis Adolfo Rodríguez Saá y Eugenia Catalfamo, del Bloque Unidad Justicialista. El proyecto propone consultar al electorado para que se exprese, por sí o por no, a las siguientes preguntas: “¿Está usted de acuerdo con la despenalización del aborto voluntario?” y “¿Está usted de acuerdo con utilizar fondos públicos para financiar el aborto voluntario?”.

Paralelamente, la diputada radical Alejandra Martínez, quien presidió hasta diciembre pasado la Comisión de Mujer, Familia, Infancia y Adolescencia, cruzó a Naidenoff, pronunciándose en contra de una consulta popular sobre la despenalización del aborto. “En nuestra forma de gobierno, el pueblo delibera a través de sus representantes y olvidar ese rasgo institucional puede conducirnos a la demagogia”, argumentó.