La sesión de mañana en la Cámara de Diputados estará marcada por un intenso debate, aunque la visita de los diputados de La Libertad Avanza a los represores condenados, como Alfredo Astiz, en el penal de Ezeiza no figure formalmente en el temario. La oposición aprovechará la oportunidad para exigir explicaciones al oficialismo sobre este polémico encuentro, y la diputada Gisela Marziotta pedirá que se considere su proyecto, presentado tras conocerse el hecho, que solicita la expulsión de los seis legisladores que participaron en la visita a los condenados por crímenes de lesa humanidad.

La iniciativa de Marziotta, respaldada por 27 legisladores, se fundamenta en que los diputados de LLA incurrieron en “actividades reñidas al orden constitucional, los pactos democráticos y los derechos humanos”. Este reclamo coincide con lo que expresaron los organismos de derechos humanos durante una audiencia en el anexo de Diputados, a la que no asistieron representantes de la oposición ni del oficialismo.

Aunque el proyecto no fue incluido en el temario de este miércoles, Marziotta presentará un pedido de apartamiento del reglamento al inicio de la sesión para tratar directamente la expulsión. Para que esta solicitud sea discutida, se necesita el voto de dos tercios de los diputados presentes.

En los fundamentos del proyecto, los diputados que lo apoyan destacan que la visita a los genocidas “resulta de suma gravedad” y subrayan: “Representantes elegidos por elección popular e integrantes de un cuerpo legislativo de la democracia, acuden a la atención y promoción de represores que atentaron contra la democracia y fueron partícipes de crímenes de lesa humanidad que incluyeron secuestros, torturas y desapariciones de compatriotas”.

Los legisladores señalados en la propuesta son Beltrán Benedit, organizador de la visita, junto con Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci.

El pedido de exclusión se fundamenta en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que permite a la Cámara expulsar a uno de sus miembros por "desorden de conducta" o por actos considerados incompatibles con su función. “La doctrina indica al respecto que la expulsión es la medida más grave que puede tomar la Cámara sobre uno de sus miembros”, subraya el proyecto, recordando precedentes como los casos de Antonio Domingo Bussi y Luis Abelardo Patti, a quienes se les impugnó el diploma por sus antecedentes criminales, impidiéndoles asumir sus bancas.

La sesión de mañana será clave para determinar si el pedido de Marziotta logra avanzar o si la Cámara de Diputados evita pronunciarse sobre el controvertido tema.