Este lunes, el Gobierno nacional hizo oficial el veto a la ley de movilidad jubilatoria y en las últimas horas envió la notificación al Congreso, por lo que para que esa iniciativa vuelva a ser ley la Cámara de Diputados y el Senado deberán insistir con el respaldo de los dos tercios de cada cuerpo legislativo. 

"Tengo el agrado de remitirle adjunto al presente el Original del Mensaje N° 45/2024, que comunica el dictado del Decreto Nº 782/2024, por el cual se observa totalmente y se devuelve el Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.756", señaló el Gobierno en la nota enviada al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Tras el veto total, la oposición buscará impulsar el debate en las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda, aunque esta última comisión es liderada por el diputado oficialista  José Luis Espert.

En tanto, Gabriela Brouwer —de la Unión Cívica Radical— preside la comisión de Previsión y Seguridad Social y se espera que cite a los integrantes del cuerpo para emitir dictamen de insistencia con la ley sancionada por Diputados el 22 de agosto pasado.

En tanto, La Libertad Avanza aspira a que la oposición no recolecte dos tercios de los votos para lo que el oficialismo tendrá que reunir 86 de los mismos, en caso de que los 257 diputados estuvieran presentes en el recinto de sesiones.

La iniciativa que vetó el presidente Javier Milei establecía un aumento de jubilaciones del 8,1%. El Poder Ejecutivo consideró que el proyecto "es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento".

El Gobierno argumentó que en caso de aplicarse la ley generará un gasto adicional de 6 billones de pesos para el 2024 y de 15 billones para el 2025, equivalente "al 1,02% del PBI calculado para el año en curso; y 1,64% de aquél, estimado para el año entrante".