El Gobierno de Javier Milei le pidió este miércoles a la Justicia que dé un paso al costado y que no intervenga directamente en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), ratificando que el Congreso de la Nación es el encargado de resolver todos los asuntos en torno a la medida porque se trata de "una verdadera cuestión política".

Por medio de un comunicado, el gobierno nacional presentó un informe con los argumentos pretendidos por el juez en lo contencioso-administrativo federal, Enrique Lavié Pico, quien lleva adelante la causa respecto al recurso de amparo solicitado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y junto con el abogado Jorge Rizzo, quienes caracterizaron al DNU N.º 70/2023 como "inconstitucional", pidiendo una medida cautelar para dejar sin efecto al mismo.

"El Poder Legislativo será quien se encuentre en mejores condiciones para examinar si resultaba necesario sortear las vías ordinarias para la sanción de una Ley", ratificaron desde el Ejecutivo, en manos de los abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación, presidida por Rodolfo Barra, quien resulta la principal referencia judicial del Gobierno.

Además, en el informe señalaron que "no hay dudas que la valoración política de la excepcionalidad, la necesidad y urgencia es del Poder Ejecutivo Nacional, y del Congreso de la Nación, mas no del Poder Judicial".

Desde el Ejecutivo señalaron que existen "circunstancias excepcionales, razones de necesidad y urgencia evidentes que motivaron su dictado" como "la crisis económica que atraviesa el país", pero que el planteo de la norma está dado bajo el criterio de la Constitución Nacional.

En línea con lo anterior, los abogados del Ejecutivo indicaron en el documento que el conjunto de medidas implementadas por el DNU "resulta incompatible con los plazos normales para la sanción de una Ley que, en atención a la diversidad de las materias de que se trata, necesitaría amplio tiempo de debate y discusión parlamentaria".

 

 

La composición de la Comisión Bilateral, clave para validación del DNU

 

En consecuencia, el Gobierno dijo que el DNU debe ser analizado en el Congreso y lejos de una intervención de la Justicia. Vale destacar que el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, envió a la Comisión Bicameral el proyecto de decreto para definir en los próximos 10 días —como fecha límite— su tratamiento.

Resta definirse la composición del comité, que será integrado por ocho senadores y ocho diputados, aunque sólo se concretó la estructura en la Cámara alta. Un dato importante: si el DNU es aprobado por una de las dos cámaras, el mismo quedará revalidado y listo para su debate en el Congreso.

Sin embargo, el Gobierno consideró que su tratamiento consistirá de "un procedimiento cuya velocidad dependerá de la exclusiva voluntad del Congreso y del debate democrático-representativo y sobre el cual los jueces no pueden avanzar".

A lo que los abogados explicaron que "una intervención del Poder Judicial en esta instancia, constituiría una actuación cuanto menos prematura, toda vez que se encuentra en marcha el mecanismo institucional previsto por la Constitución Nacional y el trámite parlamentario de la Ley N° 26.122, cuál es el debido contralor por parte del órgano legislativo, del DNU dictado".