El Gobierno implementó nuevas medidas de control para prevenir el encubrimiento y el lavado de activos de origen delictivo, basándose en "los sucesos ocurridos recientemente en el Estado de Israel".

Mediante el decreto 496/2024, publicado en el Boletín Oficial este jueves, el Poder Ejecutivo ha determinado que los sujetos obligados deben considerar como "Operación Sospechosa de Financiación del Terrorismo" cualquier operación en la que se verifiquen las siguientes circunstancias:

• Que los bienes o activos involucrados pertenezcan directa o indirectamente a una persona, entidad o persona jurídica designada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
• Que las personas físicas, jurídicas o entidades involucradas en la operación sean designadas por el Consejo.
• Que el destinatario o beneficiario de la operación también sea una persona, entidad o persona jurídica designada por Naciones Unidas.

Los sujetos obligados deberán congelar de inmediato los bienes o activos implicados cuando se detecten estas circunstancias. Este congelamiento incluye:

• Todos los fondos y activos controlados por la persona o entidad designada, no solo aquellos vinculados a actos terroristas específicos.
• Bienes y activos controlados directa o indirectamente, ya sea total o parcialmente, por personas o entidades designadas.
• Activos generados a partir de bienes controlados por entidades designadas.
• Bienes y activos de personas o entidades que actúan en nombre de las designadas.

Además, se debe notificar a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre la aplicación de estas medidas y emitir de inmediato un "Reporte de Operación Sospechosa de Financiación del Terrorismo". La UIF, a su vez, comunicará la medida al juez federal competente en materia penal.

El decreto también amplía el alcance del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), "para incluir personas o entidades que, a juicio fundado de los órganos del Poder Ejecutivo Nacional, representen una amenaza actual o potencial a la seguridad de la Nación".

Asimismo, el Ministerio de Justicia ha sido autorizado para dictar las normas complementarias y procedimentales necesarias para implementar estas medidas.

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo subrayó que "los sucesos ocurridos recientemente en el Estado de Israel obligan a tomar medidas que contribuyan a la paz y a la estabilidad internacional".