Después de la intimación judicial, las protestas de las organizaciones sociales y las expresiones públicas de referentes de la Iglesia, el Gobierno anunció la repartición de los alimentos de "próximo" vencimiento, no repartidos a los comedores populares. 

La medida fue anunciada este jueves por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. De su cartera dependen los programas de asistencia social y la ayuda a los sectores más vulnerables.

La funcionaria también dispuso apartar de sus tareas a los empleados que "por mal desempeño de sus tareas no han realizado un control permanente de stock y vencimiento de la mercadería" y prometió realizar "las investigaciones administrativas correspondientes" por la demora en la entrega.

Además, pidió ayuda al Ejército "para garantizar una logística rápida y eficiente" en la entrega de los alimentos, teniendo en cuenta que por el prolongado tiempo que permanecieron guardados, muchos de ellos están próximos a vencer.

 

Alimentos: Sandra Pettovello echó a Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia

 

El episodio también tuvo secuelas políticas: la ministra Pettovello decidió desplazar a Pablo de la Torre, quien se desempeñaba a sus órdenes en la conducción de la Secretaría de Niñez y Familia.

Los alimentos permanecen guardados en sendos galpones en la localidad de Villa Martelli, del conurbano bonaerense, y en Tafí Viejo, Tucumán. Son algo más de cinco millones de kilos, de los cuales gran parte (alrededor de 3,1 millones de kilos) corresponden a yerba mate para preparar mate cocido en los merenderos comunitarios.

 

 

Según había dicho el vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni, estaban "reservados de forma preventiva para emergencias y catástrofes". El Gobierno no sólo se había negado a entregarlos para su destino original, sino que apeló el fallo del juez Sebastián Casanello que ordenó repartirlos. La mercadería había sido adquirida durante el gobierno de Alberto Fernández.

 

 

El Gobierno resolvió cesar con la asistencia a esos establecimientos, al afirmar que era necesario realizar auditorías para asegurarse de que la ayuda llegara realmente a quienes la necesitaban.

La situación se había vuelto insostenible en los últimos días, luego de que el juez Sebastián Casanello exigiera al Ministerio de Capital Humano que en el plazo de 72 horas entregara un cronograma detallando "de manera precisa" cómo repartiría los productos retenidos.

El dirigente social Juan Grabois, referente de la UTEP, fue quien había realizado la denuncia ante la Justicia. Según sus estimaciones, la mercadería retenida ronda las seis mil toneladas.

 

 

También hubo declaraciones públicas de altas autoridades de la Iglesia pidiendo que el Estado no se corriera de su obligación de asistir a los sectores más vulnerables. Los sacerdotes enrolados en el grupo Opción por los Pobres (más conocidos como "curas villeros") habían prometido realizar a partir del lunes una huelga de hambre frente al depósito donde estaban guardados los alimentos.

 

Alimentos: el comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano

 

"El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, informa q a raíz de una información recibida sobre el estado y fechas de vencimiento de determinados productos adquiridos por el gobierno anterior (los cuales se encuentran en los galpones de Villa Martelli y de Tafi Viejo en la provincia de Tucumán del ex Ministerio de Desarrollo Social), ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería".

"Se realizarán las investigaciones administrativas correspondientes, asimismo, se pone en marcha un protocolo para la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento por medio del Ejército Argentino para garantizar una logística rápida y eficiente".