BOLETÍN OFICIAL

El Gobierno habilitó la exportación de chatarra y residuos metálicos luego de 16 años de prohibición

La decisión fue confirmada mediante la publicación del Decreto 1/2025 en el Boletín Oficial. La normativa había sido anunciada por el ministro Federico Sturzenegger, que explicó que regía una prohibición que se implementó en 2009. Más detalles, en la siguiente nota.

El Gobierno oficializó los lineamientos para la importación y exportación de residuos no peligrosos que hayan sido sometidos a una operación de valorización. Esta actividad estaba prohibida desde hace 16 años, en 2009, cuando era presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La decisión se hizo efectiva esta madrugada a través de la publicación del decreto 1/2025 en el Boletín Oficial. En la misma, se “establece las bases para la importación definitiva o temporaria al territorio, al Área Aduanera Especial y a las Zonas Francas, incluidos sus espacios aéreos y marítimos, y para la exportación de residuos no peligrosos que hayan sido sometidos a una operación de valorización”.

 

La disposición había sido anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. A partir de la cual se destaca que cuando obtengan materiales que serán utilizados como: insumos para un proceso productivo determinado o un producto de uso directo.

No estará permitida la importación de aquellos residuos no peligrosos que, habiendo sido sometidos a una operación de valorización, pretendan tener como objetivo la valorización energética y/o su disposición final. La exportación de residuos no peligrosos valorizados e insumos industriales valorizados no estará sujeta a prohibiciones y debe ajustarse al cumplimiento del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación”, especifica el artículo 1° de la medida.

Además, aclararon en la disposición que será necesario la presentación de una “Declaración Jurada”, en la que se asegure que dichos materiales no son peligrosos, según la normativa nacional e internacional. Además, los exportadores también deberán poder demostrar que su carga cumple con las regulaciones internacionales. De ese modo, tendrán que demostrar que los residuos que serán exportados son apropiados y no representen riesgos para el medio ambiente.

En tanto, los distintos tipos de residuos que formarán parte de la comercialización fueron clasificados por el Gobierno a través de la normativa. 

  • Residuo: toda materia, sustancia u objeto producido en cualquier actividad y a cuya eliminación, reciclado, recuperación y/o disposición final se proceda, se proponga proceder o se esté obligado a proceder.
  • Residuo no peligroso valorizado: aquel que, no estando encuadrado en los alcances de la normativa nacional en materia de residuos peligrosos, haya sido sometido a una operación de valorización o de eliminación de su carácter de peligrosidad.
  • Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, mediante el reciclaje en sus formas física, química, mecánica o biológica, y la reutilización.

Por su parte, el ministro Sturzenegger justificó las modificaciones que fueron realizados en la importación y exportación de residuos. Previo a la oficializada de la medida, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado argumentó los motivos de la decisión que tomó el oficialismo.

"Esta prohibición era nociva por varios motivos. Primero, porque al deprimir el precio local de los desechos desincentivaba el reciclado. Pero era nociva, sobre todo, porque prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía (por dar un ejemplo, cables de cobre desechados por las telefónicas, que tienen un activo mercado para reciclado en el exterior no podían exportarse). En estos meses recibimos incontables mensajes de empresas cuyos negocios estaban vedados por esta prohibición", expresó en la red social X.

Por último, esta norma beneficiaba a los procesadores de la mencionada chatarra, pero perjudicando a quienes la producían (típicamente empresas más pequeñas de reciclado), al tiempo que se perdían centenas de negocios de valorización de residuos, explicaron desde el Gobierno.

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