Efectivos de la Policía Federal y personal de la Justicia Federal de San Isidro allanan este jueves la casa del diputado nacional José Luis Espert en la localidad bonaerense de Beccar, en el marco de la investigación por transferencias de dinero presuntamente recibidas del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de tener vínculos con el narcotráfico.

El legislador, quien renunció a su candidatura por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, recibe por estas horas a agentes policiales y judiciales que registran su vivienda en medio de la causa que lo involucra con Machado.

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La orden judicial incluye el teléfono, la computadora y la documentación. El propio Espert recibió a los oficiales a cargo del operativo.

 

El procedimiento se produce luego de la aprobación en la última sesión de Diputados del pedido del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, para concretar medidas de prueba como el allanamiento del domicilio y oficinas del dirigente libertario.

 

A raíz de la ley de fueros, que les da inmunidad a los funcionarios electos por el voto, la Justicia no tiene facultades para allanar, registrar o secuestrar elementos del domicilio particular o despacho de cualquier legislador, a menos que la Cámara a la que pertenece lo autorice expresamente.

La causa a cargo de Mirabelli se inició por una denuncia penal del líder de Patria Grande y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Juan Grabois, en la que se pidió que se investigue si, en la campaña presidencial de Espert en 2019, hubo "una maniobra de lavado de activos" con fondos “provenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la Justicia Federal del Estado de Texas, EE.UU., por el delito de tráfico de estupefacientes".

¿Qué dijo el abogado de Espert?

Pocas horas después del ingreso de los agentes, se presentó en el lugar el abogado Alejandro Freeland, representante legal de Espert.

El letrado, en contacto con la prensa, se quejó del operativo. “Me llama mucho la atención que hay muchísima gente de la fiscalía, como cuatro personas”, manifestó cuando comenzó un cuestionamiento debido a que no le permitían acceder a la vivienda.

 

Freeland sostuvo que los fiscales “son controles de legalidad, lo que quiere decir que tienen que controlar las garantías y los derechos de una persona a tener una defensa”.

El abogado, por último, expresó: “No me dejan pasar porque dicen que tienen que tener la autorización del juez. Esta causa es una cosa muy rara”.