El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dispuso este jueves el cese de la prisión preventiva del empresario Lázaro Báez en el marco de la causa por lavado de dinero que ya se encuentra en instancia de juicio oral, luego de que la Cámara de Casación determinara que estaban vencidos los plazos para que continúe en esa situación.

El empresario contratista de Obra Pública, sin embargo, permanecerá detenido en prisión preventiva en el marco de dos expedientes que investiga el juez federal Sebastián Casanello, según informaron fuentes judiciales.

Los jueces del TOF 4, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez dispusieron que, en caso de salir de prisión, a Báez se le deberá colocar una tobillera electrónica para que quede bajo el monitoreo del Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Además, se le retendrá el pasaporte, se le prohibirá la salida del país y deberá presentarse cada quince 15 días ante el TOF 4 y a la totalidad de las audiencias de debate en el marco del juicio oral que se le sigue, según informaron fuentes judiciales.

En los tribunales federales de Comodoro Py se descontaba esta tarde que la defensa de Báez pedirá la excarcelación en los otros dos expedientes en los que tiene prisión preventiva: su suerte quedaría entonces sujeta a lo que dictamine el fiscal Guillermo Marijuán porque su opinión será vinculante.

La decisión del TOF 4 se produjo luego de que la Cámara de Casación penal del país determinara que no correspondía homologar la prórroga a la prisión preventiva, por cuatro meses, que había dispuesto antes el tribunal.

Los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo habían resuelto no homologar la prórroga de la detención preventiva en la causa conocida como "la ruta del dinero" a instancias del fiscal Javier De Luca, quien dictaminó que "la resolución bajo estudio carece de fundamentación suficiente en tanto no se explica como a esta altura (Báez) podría entorpecer la marcha del juicio".

De Luca había señalado en su dictamen que el 5 de abril pasado el TOF 4 prorrogó la prisión preventiva de Báez por ocho meses bajo el argumento de que estaba siendo juzgado en debate oral y público, el cual estaba en pleno desarrollo y próximo a su culminación.

"Por esos motivos y de modo excepcional, cuando se me corrió vista de esa resolución solicité que se homologue. Lo cierto es que pasaron 8 meses y no culminó el juicio, y sabido es que la prisión preventiva no es un instituto previsto para servir a la medida de labor de los jueces o del Estado. Debe procurarse que el imputado tenga una respuesta rápida y definitiva que resuelva su situación procesal ante la ley y la sociedad", fue el principal argumento que esgrimió el fiscal y citaron los jueces de Casación.

Báez está detenido en el penal de Ezeiza desde el 5 de abril de 2016 y el 5 de diciembre el TOF 4 había dispuesto la prórroga de su prisión preventiva por cuatro meses, hasta abril del 2020, día que el empresario contratista de obra pública cumpliría cuatro años detenido sin condena.

La extensión de la prisión preventiva, según el Código procesal penal, es de dos años prorrogables por uno más; sin embargo en la última prórroga los jueces del TOF 4 habían señalado que el juicio ya estaba iniciado y que terminaría para cuando finalizara esa prolongación.

Hace un mes, Báez había sido indagado en el juicio oral, durante el cual sostuvo que funcionarios del gobierno del presidente Mauricio Macri lo presionaron para que acusara a la ex presidenta Cristina Kirchner y admitiera ser testaferro de sus bienes.

El dueño de la empresa "Austral Construcciones" es juzgado junto a sus cuatro hijos, Martín -también detenido-, Leandro, Luciana y Melina, todos procesados por presunto "lavado de activos".

Según la acusación, el grupo empresario cometió maniobras para sacar del país sin declarar el dinero obtenido con la obra pública en Santa Cruz.

En el juicio también están acusados el financista arrepentido Leonardo Fariña, Fabián Rossi y los detenidos Jorge Chueco (ex abogado de Báez) y su ex contador Daniel Pérez Gadín.

Una vez finalizadas las indagatorias comenzará la etapa de alegatos finales, y se prevé veredicto para marzo o abril de 2020.

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