El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dispuso la prórroga de la prisión preventiva por ocho meses al detenido empresario Lázaro Báez, en la causa por lavado de dinero, tras considerar que permanecen vigentes los riesgos procesales que implicaría su libertad.

Los jueces que integran el tribunal entendieron que los ocho meses de prórroga de la prisión preventiva constituyen un "lapso prudencial", y destacaron que ese es "el tiempo que se estima para la finalización del debate oral y público que está siendo sustanciado".

Los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñiguez y Adriana Pallioti, tomaron la decisión "teniendo en cuenta la amenaza de pena en expectativa y que se mantienen actualizados los riesgos procesales del peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación", según dejaron asentado en su fallo.

Los riesgos procesales "no han desaparecido por el mero paso del tiempo, sino que por lo contrario, al encontrarnos en la etapa final del proceso, es donde deben extremarse las medidas a efectos de que el mismo no se vea frustrado u obstaculizado", sostuvieron.

"El mantenimiento en detención bajo prisión preventiva del encartado –ratificado en las incidencias articuladas- tuvo y tiene sustento en riesgos que este Tribunal aún considera subsistentes, los cuales fueron y siguen siendo aspectos ponderados en la medida que no se ha modificado el estatus de peligrosidad procesal que se estima presente en el caso de Lázaro Antonio", remarcaron los jueces.

"Al encontrarnos en la etapa del contradictorio puro, cualquier soltura anticipada podría resultar contraproducente a los fines de la substanciación de este tramo y con ello del cumplimiento de los compromisos internacionales oportunamente asumidos por el Estado argentino", destacaron.

Los miembros del tribunal dispusieron, además, la misma prórroga de prisión preventiva al contador Daniel Pérez Gadín, quien fue detenido el 5 de abril de 2016 en el aeropuerto de San Fernando junto con Báez por orden del juez federal Sebastián Casanello.

La prisión preventiva de Báez venció en abril de 2018, pero fue prorrogada por un año, y caducó nuevamente. 

"Es de especial trascendencia la concreción del debate oral y público con la presencia de todos los implicados en autos, resultando, de este modo, insoslayable tomar todas las medidas pertinentes para que el mismo no se vea afectado ya sea por una eventual sustracción del proceso o por la posibilidad de que se obstaculicen medidas probatorias", sostuvieron los jueces al justificar la prórroga. 

La causa por lavado de dinero en la que se investiga a Báez tiene 25 imputados están acusados de montar "una estructura jurídica y bancaria en el país y en el extranjero" para ingresar al circuito económico formal y dar "apariencia de legalidad" unos 60 millones de dólares a través de diferentes maniobras.

También se juzga el episodio conocido como "la Rosadita", en el que varios de los imputados fueron filmados en la ex financiera SGI, de Puerto Madero, contando cinco millones de dólares que habían transportado desde Río Gallegos en un avión privado.

Entre los acusados se encuentran Báez, Pérez Gadín, los cuatro hijos del empresario que acuñó su fortuna como concesionario de obra pública, el abogado Jorge Chueco y los financistas Federico Elaskar y Leonardo Fariña.

Los detenidos por esta causa son Lázaro y Martín Báez, el abogado Chueco y el contador Pérez Gadín; Martín Báez está detenido desde el 7 de febrero pasado luego de que la justicia detectara que habría movido y retirado dinero de cuentas bancarias en el exterior, a pesar de estar inhibido por la justicia para hacerlo.

Fuente: Télam

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