El tamaño del déficit fiscal y la velocidad con que se encarará su reducción se han convertido en unos de los escollos más grandes que están impidiendo un acuerdo entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional para reformar el programa de facilidades extendidas actualmente vigente.

El convenio celebrado en marzo del año pasado estipulaba que en 2023 el déficit primario del sector público (sin incluir los intereses de la deuda) no superaría el 1,9% del PBI, en un camino descendente que contemplaba su eliminación hacia 2025.

Sin embargo, el derrumbe de las exportaciones argentinas, como consecuencia de la sequía que redujo a la mitad la cosecha de cereales, provocó también una caída de los ingresos del Tesoro. El efecto es doble: a la merma en los derechos de exportación percibidos se suma la menor actividad interna, que también afecta la recaudación por el resto de los tributos. Los gastos, mientras tanto, se mantienen.

 

 

A pesar de esa lógica, el pedido de las autoridades argentinas para incrementar el tope del déficit permitido está chocando con una férrea negativa del staff técnico del FMI, que no quiere convalidar un mayor déficit. Por el contrario, los auditores del organismo quieren que, ya que no se están cumpliendo las otras metas previstas en el acuerdo (no se logró acumular divisas ni cesó la asistencia monetaria del Banco Central), al menos haya un compromiso oficial para reducir el déficit.

Según susurran en el Palacio de Hacienda, hay una clara diferencia entre el tope que propone el gobierno (subir el déficit primario al 2,5% del PBI para el corriente año) y el que quiere el Fondo (bajar al 1,6%). Traducida en dinero, es más de un billón de pesos.

El gobierno se niega a acceder porque reducir los gastos en esa proporción significaría eliminar buena parte de los programas sociales que sostienen a las clases más vulnerables. En contrapartida, como muestra de su esfuerzo por achicar el déficit, el Ministerio de Economía informó que en los últimos meses hubo una fuerte contención del gasto público. 

 

 

“La moderación en la ejecución del resto de los gastos presupuestados logró compensar el impacto negativo en el resultado primario del período provocado por la sequía. De hecho, la variación interanual real del gasto primario en el corriente mes fue negativa (-7,5% interanual)”, señaló la Secretaría de Hacienda en su último informe mensual correspondiente a mayo.

Por esa razón, las conversaciones están virtualmente estancadas desde hace alrededor de un mes. También se demoró el viaje a Washington de la misión de Economía encabezada por el viceministro Gabriel Rubinstein, que debería pulir los detalles.

 

La deuda con el FMI: ¿Cuánto tiene que pagar Argentina?

 

Lo que está en juego es el pago de los U$S 44.000 millones que el Fondo le prestó al gobierno de Mauricio Macri en 2018. Por ahora, su cancelación se está realizando con nuevos envíos de dinero del mismo FMI, que a su vez los recuperará a partir de 2026. Si las remesas se siguen demorando, el gobierno no cuenta con divisas propias para abonarle.

Más allá de las diferencias, el Fondo Monetario Internacional aseguró este jueves que los equipos de trabajo de la Argentina y el organismo "están trabajando intensamente" para alcanzar un acuerdo que permita reformular el programa.

La vocera del organismo, Julie Kozack, brindó una conferencia de prensa en la que explicó que "el foco de estas discusiones son alternativas para fortalecer el programa de las autoridades" y añadió que "se reconoce el impacto de la sequía en la economía, y esto incluye la revisión de políticas para salvaguardar la estabilidad, fortalecer la acumulación de reservas, mejorar la sustentabilidad fiscal y salvaguardar a los más vulnerables".

 

 

También indicó que "los equipos están trabajando intensamente con autoridades de la Argentina para hacer progresos" de cara a la quinta revisión. El FMI se encuentra abocado en "ayudar a las autoridades a afrontar una situación muy compleja y desafiante", agregó la funcionaria.

La vocera tampoco precisó los plazos de las negociaciones y, consultada acerca de si podrían terminar antes del receso de verano estadounidense, que comienza en agosto, Kozack insistió en que "los equipos están trabajando intensamente”.