El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuestionó al sector empresario durante su participación en el 61° Coloquio de IDEA, celebrado en Mar del Plata, al señalar la falta de avance en la reforma laboral, particularmente en el esquema de indemnizaciones por despido.

Ante aproximadamente mil ejecutivos, Sturzenegger sostuvo que el Poder Ejecutivo delegó en el empresariado la libertad para modificar los contratos laborales, pero no hubo acciones concretas. "El año pasado pedí que levanten la mano quienes estuvieran resolviendo el tema del cese laboral, pero no hizo nada nadie", expresó el funcionario.

El ministro puntualizó que, junto al secretario de Trabajo, Julio Cordero, se articuló un mecanismo para que cada sector definiera en su negociación colectiva si optaba por mantener el régimen de indemnización vigente o si adoptaba un fondo de cese similar al implementado en la actividad de la construcción. Sin embargo, los avances fueron limitados.

Al respecto, recordó: "Nosotros lo armamos con Julio Cordero y le pasamos a ustedes la responsabilidad de resolver este tema. El año pasado, ¿se acuerdan? Dijimos: ´definan ustedes el contrato laboral, pero tiene que ser win-win entre la empresa y el trabajador´".

Sturzenegger reiteró su diagnóstico sobre la demora: "No voy a pedir que levanten la mano, que ya sé que nadie hizo nada. Entonces, el Gobierno les da a ustedes la libertad para rediseñar el contrato laboral y no hacen nada". Luego, sugirió que la falta de respuesta indicaba que "no será tan grave el problema o quizás están esperando otra cosa, bueno, eso ya lo verán ustedes".

En otro segmento de su presentación, el ministro abordó la problemática de la informalidad y la escasez de empleo registrado durante la última década. "Argentina lleva diez años sin sumar empleo formal y la mitad de su fuerza laboral es informal", señaló.

Según el análisis de Sturzenegger, el sistema actual genera una “alta carga impositiva sobre el trabajo”. A su vez, criticó que el debate público se centra en las retenciones a las exportaciones agrícolas, pero se discute escasamente la tributación sobre el ámbito laboral.

En ese sentido, el funcionario cuestionó la estructura de los convenios colectivos de trabajo y la existencia de lo que denominó “peajes”: costos de carácter compulsivo para trabajadores y empresas insertos en las convenciones. Calificó estos recargos como “impuestos privados ilegales”.

Explicó que el decreto 149/25 tiene el objetivo de prohibir tales aportes obligatorios por parte de la empresa, y planteó: “Todavía hay quienes los siguen pagando o presentan cautelares, pero insisto en que la capacitación debe ser voluntaria”. A su criterio, estos cargos impactan en el salario neto del trabajador y en el costo total de contratación empresarial, afectando la competitividad.

A modo de ilustración, Sturzenegger detalló el impacto sectorial de estos recargos. En el gremio de camioneros, los "peajes" equivalen a casi $1 millón por año y por trabajador, mientras que para el gremio de encargados de edificios en CABA, la suma asciende a $1,3 millón. En el sector comercio, el monto es de $800.000. “A la larga, lo paga el consumidor, porque es aumento de la estructura de costos”, advirtió.

Sturzenegger utilizó como referencia los casos de Alemania e Italia para mostrar cómo la rigidez en la fijación de salarios nacionales perjudica el empleo en regiones con menor productividad. Estimó que “si el país adoptara un modelo similar al alemán, el noroeste argentino podría elevar la tasa de empleo 16 puntos”.

El funcionario recordó que la reforma laboral fue incluida en el DNU 70, actualmente con medidas cautelares en la Justicia. Destacó la importancia de la cláusula que permitía la prevalencia de convenios inferiores sobre los superiores, lo que posibilitaría adaptar los acuerdos laborales a las realidades productivas específicas.

Asimismo, detalló que la hoja de ruta del Ministerio priorizó la desregulación en ámbitos como el Registro Público de Comercio, la Inspección General de Justicia (IGJ), la Aduana y temas laborales. Entre los avances, destacó la implementación en Córdoba de un sistema de registro de sociedades totalmente digital para sociedades anónimas, disponible para cualquier persona. 

El titular del área concluyó su participación remarcando el objetivo de remover “piedras del zapato regulatorio” que obstruyen la competitividad. Y recordó que desde el inicio de la presidencia de Javier Milei, se eliminaron “alrededor de diez mil requerimientos normativos, trámites y registros a nivel nacional”.