Tras definir a Horacio Rosatti como nuevo presidente, la Corte Suprema de Justicia se dispone a resolver un conjunto de causas que tendrán un alto impacto en lo político y para la sociedad.

Rosatti fue definido como nueva máxima autoridad del alto tribunal el pasado jueves 23 de septiembre, luego de ser propuesto por Juan Carlos Maqueda y apoyado por el actual presidente, Carlos Rosenkrantz, que quedó como vicepresidente, por lo que ahora la expectativa pasará por ver la posición de la Corte a la hora de dictar sus próximas resoluciones.

Al respecto, Telam informó que en el tope de la lista de expedientes que tendrá en agenda el máximo tribunal está el recurso de queja impulsado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) contra los amparos de las empresas de telecomunicaciones presentados para frenar el decreto presidencial 690/2020, que definió como "servicios públicos" a la telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable.

El decreto 690, emitido el 22 de agosto de 2020 y conocido como Argentina Digital, estableció además la Prestación Básica Universal y Obligatoria que garantiza el acceso a esos servicios a ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

En junio de 2021, los abogados de Enacom recurrieron en queja a la Corte para rechazar los amparos obtenidos por las empresas del sector, de las cuales la primera en hacerlo fue Telecom Argentina (Grupo Clarín), y luego siguieron DirectTV y Telecentro más algunas prestadoras de TV por cable del Interior.

Por su parte, un expediente de alto impacto que podría podría definir en el corto plazo la Corte es determinar si el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires tiene competencia para entender en el expediente de la quiebra del Correo Argentino SA, firma perteneciente a la familia Macri, ante un pedido de la Cámara Comercial para que el alto tribunal resuelva este pretendido conflicto de competencia.

El pedido de intervención del Tribunal porteño fue solicitado por el grupo Socma, titular del Correo Argentino SA, en el marco de un expediente que lleva ya 20 años sin resolverse pese a los dictámenes de la fiscal Gabriela Boquin y a las disposiciones de la jueza Marta Cirulli para que se decrete la quiebra.

Además, en relación a los conflictos por el reparto de impuestos coparticipables entre el Gobierno nacional y los distritos de Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, estos tienen preferencia en el máximo tribunal, aunque todo indica que la Corte aprovechará este expediente para enviar un mensaje a la política para que resuelva sus conflictos sin judicializarlos.

Por último, la Corte tendrá un rol fundamental en los juicios por delitos de lesa humanidad como última instancia de revisión antes de las condenas firmes y por eso en la última reunión de la Comisión Interpoderes, que reúne a los organismos de derechos humanos y las autoridades judiciales, se definió que el alto tribunal, en cada acuerdo semanal, resuelva expedientes "de lesa", como se los llama en el ámbito judicial.

Al respecto, quedan pendientes casi todos los recursos vinculados a las causas por la represión ilegal en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo y el rechazo en la Corte, presentado por Abuelas de Plaza de Mayo, contra el sobreseimiento del juez Juan Carlos Marchetti, quien entregó en adopción, en un proceso totalmente irregular, al nieto recuperado Manuel Gonçalves Granada, hijo de Ana María Granada y Gastón Gonçalves, ambos asesinados durante la dictadura cívico militar.