La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de per saltum presentado por el Gobierno nacional para intervenir directamente en el expediente que analiza la validez de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, sin aguardar un fallo de segunda instancia.

Con la firma de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, el máximo tribunal entendió que no se verifican los requisitos previstos en el Código Procesal Civil para admitir el recurso. El artículo 257, que regula la cuestión, exige que el caso tramite bajo competencia federal y que se acredite una notoria gravedad institucional.

Además, el tribunal señaló que el pedido resultaba "inoficioso" porque la reforma laboral se encuentra actualmente vigente: la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ya había revocado la decisión de primera instancia que suspendía la ley, restituyendo su plena aplicación.

Los argumentos del Gobierno y el origen de la causa

La Procuración del Tesoro había presentado el per saltum el 16 de abril, después de que el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, Raúl Horacio Ojeda, suspendiera con alcance general 83 artículos de la ley el 30 de marzo, aceptando una medida cautelar solicitada por la CGT.

La central obrera había impugnado esos artículos por considerar que vulneran derechos constitucionales como la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales, la libertad sindical y el acceso a la Justicia.

Ante la Corte, el Estado pidió que se aceptara el recurso extraordinario, se suspendieran los efectos de la cautelar y se revocara el fallo del tribunal laboral, al que cuestionó por incompetencia del juez y por entender que no existía legitimación activa colectiva de la CGT para iniciar la acción.