La Unión Obrera de la Construcción (Uocra), que lidera Gerardo Martínez, decidió ayer el estado de alerta y asamblea permanente en todas las obras públicas y privadas del país en rechazo de "la pérdida de 50.000 puestos de trabajo por la paralización de las obras públicas que dispuso el gobierno y la desaceleración de la inversión", informó la entidad sindical.

La Uocra explicó que "la paralización de las obras públicas dispuesta por el gobierno de Javier Milei y la desaceleración de la inversión arriesga la continuidad de los emprendimientos privados en ejecución, con su consecuente impacto en la continuidad laboral de los trabajadores".

Además, denunció "la ausencia de gestión y de interlocutores válidos del Poder Ejecutivo, que se desentiende de la problemática que afecta a la industria".

"Esta situación se produce en el contexto de la abrupta y generalizada caída de la actividad económica, y se agrava en la industria de la construcción por la reticencia del empresariado a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo ante una inflación sostenida que castiga a los trabajadores", sostuvo el gremio en un comunicado.

Para la Uocra, el contexto social y económico actual agravó en el ámbito de la construcción “por la reticencia del sector empresario a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo”.

"En los dos últimos meses, se han perdido 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos en nuestro sector como consecuencia de la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución por parte del actual gobierno", agregó el sindicato. 

Luego, el texto hace hincapié en la obra privada: “No ha alcanzado aún niveles de actividad que compensen la drástica caída y nada indica que los privados sustituyan finalmente el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública”.

"Es inaceptable que el Gobierno nacional no se responsabilice de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas de gobierno; que no convoque al diálogo social y ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, afectando las impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones de nuestro país", cerró el comunicado.