La investigación judicial sobre el patrimonio y las operaciones inmobiliarias del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresará en una etapa decisiva este lunes con el inicio de las declaraciones testimoniales de cuatro mujeres identificadas como sus acreedoras hipotecarias. 

El fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, busca verificar la trazabilidad del dinero utilizado por el funcionario para la adquisición de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires.

El cronograma en Comodoro Py

Para la jornada del lunes, están citadas Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio. 

Se trata de una madre e hija, integrantes de la Policía Federal, quienes figuran como prestamistas de 100.000 dólares. El crédito fue garantizado con una hipoteca sobre un departamento ubicado en la calle Asamblea, en el barrio de Parque Chacabuco.

Por otro lado, el miércoles comparecerán Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, las jubiladas que vendieron a Adorni su propiedad en Caballito. 

En dicha operación, el funcionario habría abonado 30.000 dólares iniciales, manteniendo una deuda de 200.000 dólares a cancelar en noviembre próximo sin intereses.

Levantamiento de secreto fiscal y peritajes

El juez federal Ariel Lijo autorizó el levantamiento del secreto fiscal sobre las cuatro testigos para que la ARCA remita información sobre su capacidad económica. 

El objetivo es comprobar si contaban con los recursos necesarios para otorgar los créditos documentados.

Además de la documentación impositiva, la fiscalía solicitó que las vendedoras del inmueble de la calle Miró asistan a los tribunales dispuestas a facilitar el acceso a sus dispositivos electrónicos. 

El requerimiento incluye "mensajes, audios, correos electrónicos, imágenes y registros de llamadas vinculados a las operaciones investigadas".

El origen de los créditos

La escribana Adriana Nechevenko, quien ya declaró en el expediente, señaló haber sido el nexo entre las partes. 

"Tengo clientes y acerqué a las partes", afirmó en relación a la hipoteca formalizada en noviembre de 2024 para la compra de una propiedad en un club de golf en Exaltación de la Cruz.

La causa se originó por una denuncia de la diputada Marcela Pagano. En paralelo, la justicia también investiga al funcionario por presuntas dádivas, relacionadas con un viaje privado a Punta del Este presuntamente financiado por un empresario con contratos en la TV Pública.