El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se resiste a que las presiones políticas le marquen los tiempos para la presentación de su declaración jurada, en el marco de la investigación judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito. 

Así las cosas, en las últimas horas se habla extraoficialmente que Adorni aspira a hacer público el detalle de sus bienes a principios de junio, evitando accionar en base a los reclamos de la senadora Patricia Bullrich y de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

En tanto, desde el entorno del funcionario afirmaron de manera tajante: "No lo van a apurar ni Bullrich ni Villarruel ni ningún otro que vaya a pedir que lo anticipe".

Malestar en la Casa Rosada y respuesta presidencial

La solicitud de la legisladora para que el jefe de Gabinete anticipara su presentación y explicara su situación ante la Justicia generó un fuerte descontento en las filas libertarias, especialmente en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. 

Ante el quiebre de las directivas internas, el presidente Javier Milei interrumpió su viaje a Estados Unidos para aclarar que la senadora había adelantado la estrategia de la gestión de gobierno.

"Patricia spoileó a Manuel, adelantó lo que efectivamente va a suceder, que Manuel tiene ya los números", sostuvo el mandatario nacional en declaraciones televisibas.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel -quien mantiene un vínculo nulo con la Casa Rosada- también planteó públicamente que se encuentra a la espera del documento patrimonial del ex vocero presidencial.

Expectativas ante el avance de la causa judicial

Mientras el contador de Manuel Adorni ultima los detalles del informe con el que busca justificar la adquisición de sus propiedades y sus viajes al exterior, la plana mayor del oficialismo busca minimizar el impacto político del expediente. Un colaborador de la Jefatura de Gabinete estimó ante la agencia de noticias que la investigación "se moverá unos meses más y después la causa muere".

En la administración de La Libertad Avanza sostienen que no van a interferir en el proceso judicial, delegando la responsabilidad de la recolección de pruebas en el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. Fuentes gubernamentales precisaron que en esa instancia oficial "van a determinar si es un ladrón o si efectivamente tiene todo en regla como creemos".