La defensa de la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ratificó el pedido de absolución de la Causa Vialidad —en el que recibió una condena aún no firme— y denunció que para la Justicia existen "dos derechos", uno para el "resto de los argentinos" y otro para "mi defendida".

El abogado de la ex mandataria, Carlos Beraldi, se presentó en las audiencias ante la Cámara Federal de Casación y sostuvo que la condena a seis años de prisión fue "un acto de una arbitrariedad monumental".

Además, el jurista criticó a la Justicia: "hay dos derechos. Uno, el que se le aplica al resto de los argentinos; otro, el que se le aplica a mi defendida, siempre, para investigarla, procesarla y condenarla".

Beraldi utilizó el recurso de casación para aspirar a anular una sentencia judicial tras el fallido intento del pasado 28 de febrero. En esta oportunidad, le exigió a los jueces que "corrijan todos esos vicios porque es una sentencia arbitraria, y pedimos que absuelva a Cristina Kirchner".

Ante la Sala IV de la Casación Federal, el abogado defensor desligó a CFK por los cargos ligados a un caso de corrupción y dijo que hablaría "sin formulismos técnicos" para que "la gente común, sin conocimientos jurídicos, entienda concretamente cuán grave ha sido este proceso y cuán grave ha sido la sentencia".

En tanto, dijo que Cristina Kirchner es "la persona que más ha sido acosada mediante denuncias en toda la historia argentina", y agregó que fue acusada en más de 80 causas judiciales, en el que en una de ellas "no tenía el título de abogada hasta la traición a la Patria".

En resumen, Beraldi criticó el fallo de la Justicia con fundamentos "absolutamente arbitrarios y desprovistos del más mínimo sustento lógico, fáctico y jurídico".

Párrafo aparte, la defensa de CFK mencionó el dictamen de Rodolfo Barra, ex juez de la Corte Suprema y actual Procurador del Tesoro elegido por el presidente Javier Milei. En ese marco, consideró que de las 51 licitaciones adjudicadas al empresario Lázaro Báez se fundamentaron sobre "actos administrativos normados y con sus respectivas instancias de control".

Respecto a la Dirección Nacional de Vialidad, dijo que se trata de "una estructura que es autónoma y sujeta a controles del Ministerio de Economía, pero no recibe instrucciones directas del Presidente".

En línea con lo anterior, Beraldi sostuvo que "no hay responsabilidad penal objetiva del Presidente por el decreto ni por posibles delitos relacionados con contratos u obras", ya que "el Congreso y la Auditoría General de la Nación aprobaron cuentas relacionadas con la gestión, respaldando la legalidad".