El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anticipó que presentará un reclamo ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para que se levante el embargo sobre las acciones de YPF que le pertenecen a la provincia. La decisión tendrá lugar después de que la jueza Loretta Preska ordenara a la Argentina entregar el 51% de la petrolera a un grupo de fondos beneficiados tras la condena por la expropiación de la empresa en 2012.

Torres dio a conocer la novedad en un video junto al vicegobernador Gustavo Menna y la diputada nacional Ana Clara Romero. "Vamos a plantarnos y defender hasta las últimas consecuencias lo que es patrimonio de nuestra provincia", aseguró desde la histórica sede de YPF en Comodoro Rivadavia.

"Nuestra provincia no es parte demandada y no está condenada. Vamos a defender lo nuestro tanto de la demogia kirchnerista, como del atropello de un fallo de una jueza estadounidense", enfatizó Torres, en un posteo titulado "Con Chubut no se jode". Según se explicó en el material difundido desde las redes sociales, del 51% de acciones expropiadas en 2012, el 49% corresponde a los distritos petroleros del país.

El mandatario chubutense criticó el fallo de Preska que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park, en cumplimiento de la sentencia por la expropiación de la empresa. “En el juicio que se tramita en Nueva York el demandado es el Estado argentino y se puede embargar lo que es propiedad del demandado, pero no más. El resto de las acciones son de las provincias petroleras, entre ellas Chubut", precisó Torres.

El anuncio del reclamo ante la Corte de Apelaciones de Nueva York se conoció horas después de que la justicia estadounidense volviera a fallar contra la Argentina, al rechazar el pedido del Estado nacional para suspender la entrega de las acciones en cuestión. Preska consideró que el país “continúa demorando y eludiendo sus obligaciones” y ratificó que, de no cumplir en tres días o alcanzar un acuerdo, podría entrar en desacato.

La Procuración del Tesoro aclaró que se apeló el fallo e hizo un pedido para suspender la orden de entrega de acciones mientras no haya una decisión del tribunal superior. Para el Gobierno, la ley de expropiación de exige una mayoría de dos tercios en el Congreso para cualquier cesión de la participación estatal en la petrolera.