El Gobierno oficializó este martes una nueva medida clave dentro del proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. En ese sentido, se dispuso que los fondos obtenidos por la venta del material rodante serán asignados a una cuenta fiduciaria destinada al financiamiento y pago de obras sobre las vías del ferrocarril.

La decisión quedó establecida esta madrugada en el Decreto 282/2026, publicado en el Boletín Oficial, y complementa el esquema de privatización total de la empresa impulsado por la Ley de Bases. 

Según el texto oficial, que lleva la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, el objetivo central de la disposición es asegurar que los recursos generados por la venta de activos se reinviertan en infraestructura estratégica.

En esa línea, establecieron que el dinero proveniente de la venta de vagones, locomotoras y otros bienes ferroviarios deberá ingresar a una cuenta fiduciaria específica dentro del fideicomiso creado por el Decreto 976/2001. Este instrumento ya es utilizado para financiar proyectos de infraestructura vial y ferroviaria en el país.

Uno de los puntos centrales de la normativa es que el Ministerio de Economía tendrá a su cargo la implementación operativa. La cartera liderada por Caputo no solo deberá garantizar la transferencia de los fondos al fideicomiso, sino que también podrá modificar contratos y dictar normas complementarias para asegurar el cumplimiento del esquema.

Además, el Ministerio de Economía será responsable de fijar el precio de venta del material rodante. Para ello, deberá tomar como referencia mínima la valuación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, con el fin de garantizar transparencia y evitar subvaluaciones en el proceso de privatización.

Por su parte, la disposición alcanza a todos los bienes bajo la órbita de Belgrano Cargas, actualmente propiedad del Estado nacional. En este marco, la Secretaría de Transporte deberá incluir en los pliegos de licitación de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza el detalle del material rodante que formará parte de cada concesión. 

El esquema se enmarca en el proceso de desintegración vertical autorizado previamente, que separa las distintas unidades de negocio para facilitar su concesión o venta. Esto incluye remates públicos de activos y contratos de concesión para la operación de vías, talleres e inmuebles ferroviarios.

Con esta medida, se busca ampliar el destino de los fondos ya previsto en resoluciones anteriores y reforzar el objetivo de modernizar la infraestructura ferroviaria. Con su entrada en vigencia, se pretende que la medida impulse inversiones en el sector y mejore la eficiencia del transporte de cargas en la Argentina.