Las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo se presentarán a declarar este miércoles en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la investigación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. 

Las mujeres son las antiguas dueñas del departamento de la calle Miró, en el barrio de Caballito, que el funcionario adquirió en noviembre de 2025 bajo condiciones financieras que la Justicia busca esclarecer.

Según la documentación de la operación, el inmueble se vendió por un precio declarado de 230.000 dólares. 

La escribana Adriana Nechevenko precisó que las vendedoras le financiaron a Adorni 200.000 dólares sin intereses, un monto que el actual ministro deberá cancelar en noviembre próximo. 

La declaración testimonial fue postergada la semana pasada a pedido de Matías Ledesma, abogado del funcionario, por superposición de agenda judicial.

Testigos y antecedentes de la propiedad

La causa penal ya cuenta con el testimonio del ex futbolista Hugo Morales, quien fue el anterior propietario del inmueble y declaró haberlo vendido originalmente por 200.000 dólares a las mujeres que ahora comparecen. 

Además, la semana pasada prestaron declaración Graciela Molina y su hija Victoria María José Cancio, quienes revelaron la existencia de otro préstamo con garantía hipotecaria relacionado con el funcionario.

En este segundo caso, las testigos detallaron que Manuel Adorni les pagó 30.000 dólares y mantiene una deuda pendiente de 70.000 dólares más intereses, los cuales deben ser saldados en un plazo de siete meses.

Ambas afirmaron que fue la primera vez que realizaban una operación de este tipo junto a la escribana Nechevenko.

Medidas sobre el secreto fiscal

En paralelo a las testimoniales, el fiscal Gerardo Pollicita avanza con el análisis patrimonial del jefe de Gabinete. 

La investigación cobró impulso luego de que el juez Ariel Lijo dispusiera levantar el secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni y su esposa.

Esta medida permitirá al Ministerio Público conocer en detalle las declaraciones de bienes, movimientos bancarios, consumos con tarjetas de crédito e inversiones del matrimonio. 

Actualmente, la fiscalía aguarda las respuestas de diversos organismos públicos para cotejar los ingresos declarados con las obligaciones financieras contraídas en las recientes operaciones inmobiliarias.