Tres diputados ampliarán la denuncia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y pedirán que el juez que llame a la escribana Adriana Nechevenko -que intervino en la compra de un departamento en Caballito-, a prestar declaración testimonial.

La operación se concretó en noviembre de 2025 por USD 230.000 y se financió casi en su totalidad con una hipoteca no bancaria otorgada por dos particulares, según surge de un informe del Registro de la Propiedad Inmueble, la intención del pedido de Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano es que se aclare la participación y responsabilidad de cada parte. 

Adorni figura como titular del 50% del inmueble desde el 18 de noviembre, dos semanas después de asumir como jefe de Gabinete. El otro 50% pertenece a su esposa, Bettina Angeletti. Se trata de un departamento de casi 200 metros cuadrados con cochera, ubicado en la calle Miró, en una zona de alto valor inmobiliario.

El esquema de la compra quedó bajo la lupa de los denunciantes. Las dos mujeres que vendieron la propiedad también aparecen como prestamistas de la hipoteca por USD 200.000 que permitió cerrar la operación.

El registro consigna además que el inmueble tuvo un embargo en 2011, ya prescripto, cuyo levantamiento se inscribió en febrero de este año, cuando la propiedad ya estaba en manos de Adorni y su esposa.

La escribana Nechevenko intervino tanto en esta operación como en la compra de una casa en el country Indio Cua Golf Club, adquirida en 2024 y registrada únicamente a nombre de Angeletti. Por ese motivo, los legisladores buscarán que brinde detalles ante la Justicia.

La adquisición del departamento en Caballito no implicó la venta de otros bienes. Adorni mantiene a su nombre una propiedad en Parque Chacabuco y la familia suma otros inmuebles, entre ellos un departamento en Parque Avellaneda y una propiedad en Morón, ambos a nombre de su esposa.

En medio de la polémica, el funcionario defendió su patrimonio y aseguró que lo construyó durante su actividad en el sector privado. "No tengo nada que esconder", afirmó. También evitó dar precisiones sobre la operación y sostuvo que cualquier información adicional podría interferir en las causas judiciales en curso.

La Justicia investiga ahora el origen de los fondos y la evolución patrimonial del funcionario desde su ingreso al Estado, con foco en las operaciones inmobiliarias recientes y los mecanismos de financiamiento utilizados.