Diputados comenzó el tratamiento de la "ley antibarras"
La iniciativa es debatida en un plenario de la comisión de Legislación Penal. El proyecto prevé un aumento de penas y que se autorice a investigar a los dirigentes que entreguen entradas, entre otros puntos.
La Cámara de Diputados inició este miércoles el debate del proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que establece un "régimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos", también conocido como "ley antibarras".
La iniciativa es analizada en una reunión de la comisión de Legislación Penal que encabeza Laura Rodríguez Machado, de La Libertad Avanza (LLA).
Cuáles son los principales puntos de la "ley antibarras"
La propuesta apunta a modificar el Código Penal con el objetivo central de aumentar las penas a los barrabravas, al configurarse un nuevo "tipo especial de asociación ilícita".
El proyecto, que había sido diseñado por la ex ministra de Seguridad y actual senador por LLA, Patricia Bullrich, también impone penas de hasta seis años de prisión para los dirigentes de los clubes que colaboren o tengan una connivencia con los barras.
En ese sentido, se autoriza a investigar a los dirigentes que, por ejemplo, entreguen entradas o mantengan determinados vínculos económicos irregulares con los barras.
Asimismo, la iniciativa comprende penas de entre un año y cuatro años de prisión "al que dañare muebles o inmuebles" de un espectáculo deportivo.
También busca establecer condenas de entre 3 años y 6 meses a 6 años a aquel que "portare armas blancas, piedras, botellas u otros instrumentos contundentes", en ocasión de espectáculos deportivos.
El proyecto, además, prevé un rango de penas de prisión de entre 4 y 8 años para el que "introdujera, guardare o portare elementos inflamables, asfixiantes o tóxicos" y de entre 4 y 10 años por portar "armas de fuego o artefactos explosivos".
Asimismo, se aplicarán penas excarcelables cuando dos o más personas ocasionen la suspensión de un partido mediante el empleo de la violencia.
En tanto, la distribución ilegal de entradas tendrá penas de dos a seis años de prisión y la misma sanción está prevista para la reventa de entradas en forma irregular.
En los fundamentos, el oficialismo remarca que "el objeto central del proyecto consiste en erradicar la violencia ligada al deporte en sus diversas facetas, incluyendo delitos de odio, crimen organizado y comportamientos que obstaculicen el disfrute pacífico del espectáculo para las familias argentinas".

