Los números no cierran. Una mujer es asesinada cada 35 horas en Argentina, lo confirmó el informe que publicó la organización feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), que expuso un dato alarmante: 196 femicidios en lo que va de 2025, con un triste récord de octubre, cuando el promedio bajó a una víctima cada 28 horas.

Desde el colectivo advierten que los crímenes “no solo son más frecuentes, sino más crueles”. Los casos recientes lo demuestran: el triple narcofemicidio en Florencio Varela, los asesinatos de Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio en Córdoba, y los crímenes de Gabriela Arací Barrios en Chaco, Adriana Velázquez y su hija Mariana Bustos en Bahía Blanca. La lista duele, y crece ante la mirada de todos.

“Elevamos nuestra voz para exigir al Poder Ejecutivo Nacional que asuma la gravedad de la situación. Presentaremos por tercera vez en el Congreso la Declaración de Emergencia Nacional en Violencia de Género”, advirtió Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal de MuMaLá. Pero el reclamo llega en un contexto de ajuste profundo. 

Según el informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Proyecto de Presupuesto 2026 consolida un recorte estructural en todas las políticas públicas destinadas a la igualdad y la protección de mujeres y diversidades.

 

Presupuesto 2026: el ajuste tiene cara de mujer

¿Y ahora, quién podrá ayudarnos? El análisis de ACIJ y ELA al que tuvo acceso Crónica, es contundente: los principales programas de prevención y atención de la violencia de género sufrieron una caída presupuestaria conjunta del 89% desde 2023.

El Programa Acompañar, que en su momento asistió a más de 100 mil mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de violencia, se redujo un 90% en 2024 y desapareció del presupuesto en 2025. En 2026, directamente ya no figura como partida identificable.

La Línea 144, principal canal de ayuda a víctimas, perdió dos tercios de su presupuesto en 2024 y redujo un 45% su planta de trabajadoras. En 2026, la partida también desaparece. “En 2023, la Línea 144 atendió a 180 mil personas; en 2026, la meta oficial baja a 60 mil”, detalla el informe.

El único programa que muestra aumento es Protección de Víctimas de Violencia, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, con un presupuesto de 40 mil millones de pesos. Pero la letra chica no aclara, sino que oscurece, porque la partida se amplió para cubrir “delitos contra la integridad sexual y violencia familiar”, sin especificar qué porcentaje se destina realmente a la violencia de género.

“Este aumento está lejos de compensar la pérdida de recursos del Acompañar y la Línea 144”, advierten desde las organizaciones “Para recuperar la inversión de 2023 se necesitarían 1,79 billones de pesos”.

Desmantelamiento institucional y silencio estadístico

El informe señala otra arista importante, desde diciembre de 2023, el Gobierno dejó de actualizar el Sistema Integrado de Casos de Violencia de Género (SICVG), la herramienta oficial que registraba los datos de denuncias, intervenciones y acompañamientos. En la página web del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad ahora solo aparece un mensaje: “No se puede cargar el modelo”.

Sin esa información las organizaciones ya no pueden conocer cuántas mujeres piden ayuda al Estado, cuántos casos se judicializan o en qué provincias se concentran los hechos más graves. “Es evidente que hay un aliento a no concurrir al Estado a partir de la desaparición de las políticas de género”, lamentó Sosa. “En los meses de mayor presencia estatal, el 25% de las víctimas había denunciado antes a su agresor; ahora, esa cifra cayó al 13%”.

La otra cara del ajuste: salud sexual y derechos reproductivos

El recorte no se limita a la asistencia ante la violencia. También afecta las políticas que buscan prevenirla desde la educación y la salud.

El Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable operará en 2026 con apenas el 8% del presupuesto que tuvo en 2021. El histórico Plan ENIA, destinado a prevenir el embarazo adolescente, recibirá menos del 3% de los fondos invertidos en 2023.

Las metas oficiales muestran la magnitud del retroceso:

• Asesoramientos a adolescentes en materia de salud integral: de 58.212 en 2023 a cero en 2026.
• Capacitación docente en educación sexual: de 6.823 a cero.
• Distribución de métodos anticonceptivos de larga duración para adolescentes: de 79.490 a 56.000.

Además, el programa elimina por completo las metas de acompañamiento a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), una política que había sido reconocida por Naciones Unidas como modelo de implementación.

La Educación Sexual Integral (ESI) también sufre un golpe casi terminal en 2026, donde la partida es de 30 millones de pesos, apenas el 2% de lo ejecutado en 2023. Los indicadores hablan por sí solos: de 65.000 docentes capacitados se pasa a 900, y en 2026 no se planifica capacitar a ninguno.

Jubilaciones, moratorias y el impacto en las mujeres mayores

Otro punto crítico del presupuesto del próximo año es la eliminación del régimen de moratorias previsionales, una herramienta que permitió a miles de mujeres acceder a una jubilación pese a no tener los años de aportes requeridos.

Según datos de ANSES citados en el informe, tres de cada cuatro personas beneficiarias de las moratorias son mujeres. Pero desde marzo de 2025, esa posibilidad dejó de existir: quienes cumplan la edad jubilatoria sin los aportes necesarios sólo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que paga un monto inferior y no reconoce aportes.

En julio de este año, el Congreso aprobó una nueva ley de moratoria, pero el Poder Ejecutivo la vetó.
“El cierre de esta vía de acceso al derecho previsional afecta especialmente a las mujeres de sectores populares, que ahora deberán esperar cinco años más para cobrar un ingreso”, advierten ACIJ y ELA.

El informe también subraya la pérdida de poder adquisitivo de los beneficios sociales: el bono previsional de $70.000 se mantiene congelado desde marzo de 2024, y la derogación del mecanismo de actualización automática de la AUH y la AUE puede licuar sus montos frente a una inflación proyectada del 17,7%, según el Banco Central.

 

Un combo peligroso 

La combinación de ajuste, vaciamiento institucional y silencio estadístico configura un escenario que muchas organizaciones describen como una “emergencia encubierta”. “Cada recorte, cada programa eliminado, tiene nombre y rostro”, aseguró Sosa. 

Si tomamos la última década como parámetro, en total hubo 2.589 femicidios, femicidios vinculados y travesticidios: una víctima cada 33 horas desde el 1º de junio de 2015, cuando el país salió a la calle por primera vez bajo el grito de Ni Una Menos.

Hoy, en los barrios, el trabajo de contención lo sostienen organizaciones sociales que, sin recursos ni apoyo estatal, intentan cubrir las urgencias básicas.

Sumado a todo esto, el último caso que estremeció al país —el del uruguayo Pablo Laurta, integrante de la agrupación machista Varones Unidos, que asesinó a su ex pareja y a su ex suegra— reavivó el debate sobre los discursos de odio. Desde MuMaLá denunciaron que ese crimen “evidencia una alarmante premeditación y motivación política de extremismo de derecha y masculinismo supremacista, y esos mensajes emanan de jerarquías gubernamentales”.

El desmantelamiento de los organismos de género y la falta de recursos no son hechos aislados. El informe de ACIJ y ELA los vincula directamente con un cambio de enfoque político: un retroceso en la perspectiva de derechos humanos y una visión que reemplaza la prevención por el control punitivo.

En términos generales, el proyecto de Presupuesto 2026 proyecta una inflación del 10,1% y un crecimiento del 5%, pero los analistas del Banco Central estiman una inflación real cercana al 18%. Si se confirma esa diferencia, el gasto público caerá más, sobre todo en las partidas que no se actualizan automáticamente, como las destinadas a políticas sociales y de género.

¿Se acuerdan cuando hace unas semanas en las redes se debatía si las feministas se estaban pasando dos o tres pueblos? La realidad parece el único argumento sólido para entender lo que está pasando ylo que puede pasar. 

En los barrios, en los tribunales, en las escuelas y hospitales, las mujeres seguimos enfrentando la violencia sin respaldo estatal. Mientras el Presupuesto 2026 congela la inversión en políticas de género y desmantela los programas de prevención, la violencia avanza sin freno.