El directorio del Fondo Monetario Internacional dio luz verde formal este jueves a la segunda revisión del programa de financiamiento con la Argentina. 

Con esta aprobación reglamentaria, el organismo multilateral de crédito liberó de manera inmediata el envío de US$1.000 millones, destinados a fortalecer las reservas internacionales del Banco Central.

La resolución de las máximas autoridades de la entidad con sede en Washington convalida técnicamente la auditoría de las variables del primer trimestre, cerrando de esta forma un proceso clave para garantizar la sustentabilidad de la arquitectura financiera del país de cara al resto del año.

Elogios al rumbo de las reformas y metas cumplidas

A través de un comunicado oficial difundido tras la votación del board, el ente conducido por Kristalina Georgieva valoró de forma positiva las políticas macroeconómicas aplicadas por las autoridades argentinas. 

En particular, la entidad ponderó el "impulso reformista" implementado por el Poder Ejecutivo nacional, haciendo hincapié en las modificaciones normativas y la consolidación de la disciplina fiscal.

Asimismo, los equipos técnicos del organismo internacional dejaron asentadas las mejoras logradas en los frentes monetario y cambiario. 

El dictamen subrayó la efectividad de los mecanismos de absorción monetaria, la paulatina desaceleración del índice de precios y el ritmo sostenido en la acumulación de divisas dentro de las arcas públicas del Estado.

Avance de las metas del programa general

El tramo de fondos aprobado en la jornada corresponde al esquema global de facilidades extendidas por US$20.000 millones que fuera suscripto originalmente en abril de 2025. 

Con el ingreso de esta nueva partida líquida, el país ya logró completar el desembolso del 80% de la cuota total prevista en el plan de asistencia financiera plurianual.

De cara al cierre del ejercicio, el entendimiento vigente establece que las autoridades locales deberán encuadrar la contabilidad pública para alcanzar un superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno. 

Dicha meta requiere la continuidad de un estricto control de las erogaciones estatales, acompañado por un objetivo anual de adición de reservas netas fijado en un piso mínimo de US$8.000 millones.