El Gobierno apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar artículos de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, en particular los vinculados con la actualización de los salarios docentes y partidas presupuestarias.

La Procuración del Tesoro de la Nación llevó a cabo esta apelación ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Fue sobre la cautelar dictada por el juez federal Enrique Cormick. Pidió que se suspenda el fallo que ordenó actualizar salarios y partidas para las universidades.

Para ello argumentó que se trata de una discusión presupuestaria que debe discutirse en el Congreso de la Nación, al tiempo que insistió en que la apelación tenga efecto suspensivo.

Vale recordar que el juez Cormick falló por el amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y más de 40 universidades públicas. El magistrado había considerado una inobservancia "clara" de un deber jurídico y peligro por la demora en el impacto del financiamiento de instituciones universitarias.

El Ejecutivo, en tanto, marcó esta interpretación de la demora en la aplicación de la ley y la medida cautelar como "arbitraria".