El Gobierno oficializó este jueves una nueva prórroga de la emergencia en el sistema penitenciario federal luego de constatar que la capacidad de alojamiento se encuentra superada y ante el incremento sostenido de detenidos. 

La medida, que lleva la firma de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quedó establecida esta madrugada mediante la Resolución 439/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La normativa extendió por dos años la emergencia penitenciaria que había sido declarada originalmente en 2019 y posteriormente prorrogada en 2022 y 2024. Según detalló el Gobierno, el objetivo de la medida es continuar implementando herramientas extraordinarias frente a la saturación que atraviesa el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

En esa línea, detallaron que actualmente el sistema federal aloja a 12.248 personas privadas de la libertad, aunque la capacidad operativa disponible alcanza únicamente las 10.932 plazas. Esto implica una ocupación superior al 106%, situación que, de acuerdo con las autoridades, complica tanto la gestión de la custodia como las tareas de reinserción social de los internos.

Ante esta situación, desde el Ministerio de Seguridad explicaron que el 61,83% de las personas alojadas corresponden a condenados, mientras que el 38,17% permanece detenido bajo proceso judicial. Asimismo, desde la cartera liderada por Monteoliva advirtieron que existen otras miles de personas esperando ingresar al sistema penitenciario federal.

Según datos oficiales, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 ingresaron más de 15 mil detenidos al SPF. A su vez, el Gobierno informó que actualmente hay 2.657 personas detenidas por disposición de la Justicia Federal y otras 2.416 vinculadas a la Justicia Ordinaria porteña que todavía aguardan cupo dentro del sistema penitenciario.

Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades es que casi la mitad de la población alojada en cárceles federales corresponde a detenidos de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, el Ejecutivo sostuvo que la falta de traspaso de la Justicia Penal Ordinaria al ámbito porteño genera un fuerte impacto sobre la capacidad disponible para causas federales.

Frente a este escenario, el Ejecutivo especificó algunas medidas implementadas para aliviar la crisis penitenciaria. Entre ellas, sobresale el Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, que incorporó a más de 1.200 personas bajo arresto domiciliario controlado mediante dispositivos electrónicos.

Además, las autoridades resaltaron la inauguración de la Unidad N°36 de Coronda, en la provincia de Santa Fe, y la habilitación de nuevas instalaciones en Senillosa. Sin embargo, reconocieron que esas ampliaciones aún resultan insuficientes frente al crecimiento de la demanda de alojamiento.

Por último, el Ministerio de Seguridad confirmó que siguen adelante las obras del Complejo Federal de Condenados de Agote, en la ciudad de Mercedes, mientras continúa pendiente la relocalización de la cárcel de Devoto hacia Marcos Paz. Según estimaron oficialmente, este último proyecto permitiría sumar unas 700 nuevas plazas al sistema penitenciario federal y mejorar el flujo de ingresos y egresos de detenidos.