El Gobierno aprobó este miércoles el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto de ampliación del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno (GPM), una obra para incrementar la capacidad de transporte de gas desde Neuquén hacia la provincia de Buenos Aires. La iniciativa contempla una inversión total de 550 millones de dólares y estará a cargo de Transportadora de Gas del Sur mediante su vehículo especial TGS SD1. 

La medida fue oficializada esta madrugada a través de la Resolución 676/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. De este modo, se dispuso la adhesión formal del proyecto al RIGI, el esquema creado por la Ley 27.742 para promover grandes inversiones en sectores estratégicos mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

La obra estratégica apunta a ampliar el Tramo I del Gasoducto Perito Moreno, ex Gasoducto Néstor Kirchner, con el objetivo de incrementar en 14 millones de metros cúbicos diarios la capacidad de transporte de gas natural. Para ello, se instalarán nuevas plantas compresoras sobre la traza que une Tratayén con Salliqueló.

En el texto oficial, el Ejecutivo destacó que el proyecto prevé la instalación de 95.400 HP de potencia de compresión y tendrá un plazo estimado de ejecución de 18 meses. Además, se proyecta que la operación comience el 1 de abril de 2027.

En tanto, señalaron que la empresa podrá acceder a incentivos tributarios y aduaneros, incluyendo facilidades para importar equipamiento destinado a la obra. También recibirá beneficios cambiarios contemplados por el régimen, aunque sin acceder a la libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones, ya que ese beneficio no fue solicitado.

La resolución además fijó que TGS SD1 deberá cumplir antes del 31 de diciembre de 2026 con los montos mínimos de inversión exigidos por el régimen. Durante los primeros dos años, la compañía deberá acreditar inversiones equivalentes al menos al 40% del monto mínimo comprometido.

El proyecto se originó a partir de una iniciativa privada presentada por TGS y posteriormente impulsada por el Estado mediante una licitación pública nacional e internacional. Finalmente, la adjudicación quedó en manos de la propia compañía, que canalizó la inversión a través de un Vehículo de Proyecto Único (VPU).