El Gobierno de Javier Milei modificó el Presupuesto 2026: más fondos para ANSES y pagos de juicios previsionales
El Ejecutivo amplió el límite destinado al pago de sentencias previsionales y acuerdos judiciales vinculados a jubilaciones. Además, se asignaron partidas para financiar el plan de retiros voluntarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
El Gobierno oficializó este lunes una nueva modificación del Presupuesto 2026. De este modo, se amplía partidas destinadas a cubrir deudas previsionales y financiar el plan de retiros voluntarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
La medida, que quedó formalizada mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, amplía partidas destinadas a cubrir deudas previsionales y financiar el plan de retiros voluntarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Uno de los puntos centrales de la decisión es el incremento de $500.000 millones en el límite presupuestario destinado al pago de sentencias judiciales previsionales y acuerdos transaccionales. Con esta actualización, el monto total autorizado para afrontar esas obligaciones asciende a $712.288 millones.
En el texto oficial, que lleva la firma del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se destaca la ampliación responde principalmente a retroactivos derivados de reajustes en las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). ANSES será el organismo encargado de ejecutar esos pagos, en el marco de las obligaciones previsionales que mantiene el Estado nacional.
La medida también contempla un fuerte refuerzo presupuestario para sostener el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca dentro de ANSES. Para ello, el Tesoro Nacional asignó $162 mil millones bajo la categoría "Gastos en personal", destinados exclusivamente a financiar las desvinculaciones acordadas con trabajadores del organismo.
En tanto, el esquema de retiros voluntarios incluyó una serie de condiciones para los empleados interesados. Entre los requisitos fijados por el Gobierno se encontraba no mantener reclamos laborales pendientes contra el Estado y aceptar la imposibilidad de reingresar al sector público nacional durante el plazo establecido por la normativa.
Además, quienes ocupaban cargos sindicales debían renunciar tanto a sus funciones gremiales como a la tutela sindical para poder adherirse al beneficio. El período de inscripción para acceder al sistema finalizó el pasado 26 de abril, tal como había sido dispuesto previamente por el Ejecutivo.
La medida también incluyó reasignaciones de partidas y transferencias de personal entre distintos organismos estatales. En paralelo, el Gobierno avanzó con recortes en varias áreas del Presupuesto 2026 con el objetivo de reforzar la meta de superávit fiscal comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

