El Gobierno de Javier Milei denunció ante la Justicia bajo la figura de terrorismo a los acusados de los hechos violentos registrados el miércoles último en los alrededores del Congreso de la Nación durante el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral.

"Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El Gobierno nacional ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques. El que las hace, las paga", anunció este viernes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mediante un mensaje publicado en su cuenta en X.

Previamente, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, brindó una entrevista radial en la que adelantó la medida y confirmó que hasta el momento, son 17 los manifestantes identificados.

"Fue mucho más que una contravención. Una bomba molotov es una bomba; es un arma y con toda la intención de generar no sólo muerte, sino caos", sostuvo Monteoliva al justificar la decisión de la administración de La Libertad Avanza.

Al respecto, la funcionaria subrayó: "Gente con bidones de nafta y bombas molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos... ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar". Insistió, en este punto, en que "fue un acto de terrorismo".

La Ley Antiterrorista (N° 26.734) prevé penas agravadas para quienes cometan delitos con el objetivo de sembrar pánico en la población u obligar a autoridades públicas a tomar decisiones.

La calificación de terrorismo implica una investigación federal y abre la posibilidad a detenciones sin excarcelación inmediata.

"Acá hay autores intelectuales y económicos. Lo que nos interesa es ligar a estas personas con organizaciones y con el financiamiento, desde el que fue a la ferretería a comprar bulones y tuercas hasta los que efectivamente realizaron estos actos vandálicos y de terrorismo", sostuvo la funcionaria nacional en declaraciones a Radio Mitre.

Luego, Monteoliva defendió el accionar de las fuerzas de seguridad durante los incidentes del miércoles al aseverar que los efectivos siguieron estrictamente los protocolos correspondientes para evitar un daño mayor y minimizar el número de heridos.

Apuntó que la prioridad fue dispersar a los violentos con agua y gases antes de que intervinieran las brigadas de detención.

"La intención primera es dispersar, precisamente para desconcentrar ese conflicto que se había focalizado en dos o tres puntos", detalló la funcionaria.

Sobre las críticas por no haber detenido a los agresores en flagrancia, argumentó que "no había manera" de hacerlo "con brigadas en ese momento, cuando estaban tirando bombas molotov".