La administración de la Ciudad de Buenos Aires formalizó este miércoles su intención de participar como querellante en la causa que analiza el desmoronamiento ocurrido en el barrio porteño de Parque Patricios.

La presentación, ejecutada por el procurador general Martín Ocampo, apunta a que el Ejecutivo porteño sea reconocido como parte damnificada en el proceso que investiga lo sucedido en el complejo habitacional.

Desde el Gobierno de Jorge Macri explicaron que esta decisión tiene como fin resguardar el patrimonio estatal y los aspectos operativos de la Ciudad. 

Al obtener el rol de querellante, el Ejecutivo podrá tomar vista directa del legajo, aportar pruebas y colaborar con los damnificados para determinar por qué colapsó la estructura del estacionamiento.

El escrito judicial presentado ante la fiscalía sostiene que el desastre no solo golpeó a los propietarios y residentes, sino que también obligó al Estado a desplegar un sistema de emergencia de escala excepcional.

El costo del operativo de emergencia

Para fundamentar el pedido, las autoridades porteñas detallaron la magnitud de los recursos públicos utilizados desde el momento del siniestro. 

El operativo incluyó la intervención de los Bomberos de la Ciudad, el SAME, Defensa Civil, la Guardia de Auxilio y la Policía, además de la logística necesaria para brindar alojamiento provisorio y asistencia integral a las familias que perdieron su hogar.

Asimismo, el descargo menciona las tareas de coordinación para el corte de suministros básicos, la interrupción del tránsito y las clausuras de seguridad que debieron ejecutarse en la zona afectada para evitar males mayores.

La Ciudad como víctima directa

Al presentarse ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, a cargo de la doctora María del Rosario Selvatici, el Gobierno subrayó que el impacto del derrumbe superó la órbita de lo privado.

En el documento oficial, se enfatiza que la situación obligó a un compromiso extraordinario de fondos: "Este hecho configura una afectación actual sobre los servicios y funciones institucionales que excede la mera repercusión general, colocando al Gobierno en una posición de víctima directa por las erogaciones y recursos públicos comprometidos".