La Cámara de Diputados aprobó este jueves la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, luego de un tenso debate, que tuvo cruces políticos y cuestionamientos de distintos bloques. El iniciativa introduce modificaciones en la normativa vigente que regula la protección de las zonas glaciares y periglaciares.

El debate parlamentario empezó a las 15:14 con la presencia de 129 diputados, número justo para habilitar el tratamiento de la iniciativa que ya cuenta con media sanción de la cámara alta.

El oficialismo cuenta con el apoyo de los bloques del PRO y la UCR por lo que confía en poder sancionar el proyecto que modifica la ley anterior.

Conformación de la mayoría en el recinto

El quórum fue garantizado gracias al aporte de diversas fuerzas políticas que acompañan la agenda del Ejecutivo. Los legisladores presentes pertenecen a los bloques de la UCR, PRO, Por Santa Cruz, Elijo Catamarca, Innovación Federal, además de contar con el apoyo de algunos representantes de Provincias Unidas.

Esta convergencia de sectores permite al oficialismo avanzar con una de las reformas más discutidas de su agenda ambiental y productiva, en una jornada donde la atención está puesta en la redacción final de los artículos que delimitan las áreas de explotación permitidas.

Continuidad del debate Tras la apertura de la sesión en Buenos Aires, se espera una jornada extensa de exposiciones antes de proceder a la votación definitiva. 

Mientras en el interior del recinto se discuten los alcances técnicos de la nueva normativa, fuera del Congreso se mantiene la atención sobre la postura que adoptarán los bloques de la oposición que no facilitaron el inicio del debate.

Los ejes de la modificación normativa

El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone una redefinición del alcance de la Ley 26.639. 

El punto central de la iniciativa es la distinción técnica dentro de las áreas periglaciares para identificar aquellas que funcionan como "reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas".

Bajo este nuevo criterio, las zonas que no cumplan fehacientemente con dicha función quedarían habilitadas para la exploración y explotación económica. 

Asimismo, la normativa transfiere a las provincias la facultad de decidir qué áreas proteger según criterios locales, lo que representa un cambio significativo en la gestión de los recursos naturales del país.

Alianzas parlamentarias y posturas opositoras

Para lograr la aprobación, el oficialismo cuenta con el respaldo del PRO, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo. No se descarta que legisladores de Provincias Unidas y algunos integrantes de Unión por la Patria acompañen la votación, lo que garantizaría la mayoría necesaria en el recinto.

En contrapartida, agrupaciones de izquierda y organizaciones ambientales han convocado a una movilización frente al Congreso nacional. 

Las críticas se centran en que la reforma podría dejar sin efecto la prohibición de actividades industriales en reservas hídricas vitales para el consumo humano y el equilibrio climático.

El camino hacia la sanción definitiva

De aprobarse sin cambios, el Ejecutivo se anotaría un nuevo triunfo legislativo en lo que va del 2026. 

La propuesta busca dinamizar la actividad económica en zonas cordilleranas, aunque enfrenta el rechazo de sectores que consideran que se vulneran presupuestos mínimos de protección ambiental.

Mientras el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales ya dio luz verde al texto, la oposición firmó dictámenes de rechazo, anticipando un debate intenso sobre la interpretación de lo que constituye una función hídrica relevante en el ecosistema andino.

Tras más de 11 horas de sesión y fuertes cruces con la oposición, se realizó la votación y la iniciativa, que contaba con fuerte respaldo de las provincias mineras, fue sancionada por 137 a 111 votos.

En ese sentido, la reforma redefine la protección de glaciares y zonas periglaciales, y habilita nuevas condiciones para el desarrollo de proyectos productivos, especialmente vinculados a la minería.