Senado: se postergó la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada
Tras una sesión caótica y fuertes reclamos de la oposición, el proyecto impulsado por el Gobierno volvió a comisión para ser revisado.
Luego de aprobarse el pliego a la jueza Micheli, el Senado se dispuso a debatir por propiedad privada, fondos buitre y 50 pliegos judiciales.
En el marco de una jornada legislativa accidentada, el Senado de la Nación decidió posponer la votación del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
La iniciativa, clave para la gestión de La Libertad Avanza (LLA), sufrió importantes modificaciones y cuestionamientos por parte de la oposición dialoguista, lo que forzó al oficialismo a frenar su tratamiento en pleno recinto.
Entre los puntos que generaron mayor fricción se encuentra la eliminación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y las facultades otorgadas a los gobernadores para definir los límites de venta de tierras a extranjeros.
Asimismo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió en comisiones la incorporación de un tope del 30% sobre el lucro cesante en expropiaciones y la revisión de las tasas de interés aplicables, aunque no logró desactivar los reclamos de nuevos cambios.
Modificaciones en desalojos y manejo del fuego
La propuesta del oficialismo busca establecer un sistema de desalojos diferenciado entre inquilinos y usurpadores.
Según explicó la funcionaria nacional, ante la falta de pago en alquileres habitacionales, "el locador deberá intimar con un plazo de diez días", respetando las condiciones pactadas por las partes.
Otro eje de conflicto es la reforma de la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto oficialista pretende eliminar la prohibición de 60 años para el cambio de uso de suelo en tierras incendiadas, una normativa que había sido impulsada por Máximo Kirchner durante la gestión anterior.
Acuerdo con fondos buitre y cargos judiciales
Pese al freno de la ley de propiedad privada, la Cámara alta avanzó con la autorización para cancelar deudas con los holdouts Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP.
El acuerdo estipula un pago total de 171 millones de dólares, con una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en tribunales estadounidenses. La operación se realizará bajo la modalidad de "Entrega contra Pago", lo que garantiza la cancelación simultánea de los bonos y los litigios.
Finalmente, la jornada parlamentaria incluyó el tratamiento de iniciativas para el fortalecimiento del sistema judicial. Se espera la aprobación de una nueva sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y la creación de un cargo de Juez de Cámara en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, con el objetivo de agilizar la resolución de causas en dichas jurisdicciones.

