El oficialismo logró aprobar y convertir en ley este miércoles en la Cámara de Diputados el proyecto que autoriza un plan de pago definitivo para los dos últimos grupos de acreedores con demandas activas contra el Estado nacional por el default de la deuda de 2001.

La iniciativa, que recibió 139 votos a favor y 97 en contra, convalidó los acuerdos de conciliación celebrados con los tenedores de deuda a escasos días del 30 de junio, fecha límite del plazo acordado con los denominados fondos buitre.

El entendimiento implica el desembolso de US$ 67 millones para Bainbridge Ltd. y de US$ 104 millones para el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP. 

La operación permitirá levantar de forma inmediata las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos, incluyendo acciones de Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación.

Los detalles del acuerdo y el cruce político

El miembro informante del oficialismo y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, defendió el dictamen destacando que se negoció una quita del 30% del remanente y que los holdouts afrontarán los costos legales. 

El diputado libertario aseguró que este pago busca cerrar una "herida de deshonra internacional" de 25 años y apuntó contra el kirchnerismo por leyes previas de pago soberano.

El mecanismo financiero adoptado será el formato internacional de Entrega contra Pago (DVP), liberando los fondos en simultáneo con la cancelación de los bonos. 

Asimismo, el texto incluye una cláusula de standstill que prohíbe a los acreedores iniciar nuevas acciones legales contra el país.

Las duras críticas de la oposición por el financiamiento

Desde la oposición, el diputado de Unión por la Patria, Itai Hagman, rechazó de forma tajante la medida y advirtió que el proyecto tiene como único objetivo "volver a endeudar a nuestro país". 

El economista cuestionó la falta de transparencia en la negociación y recordó que la legislación vigente prohíbe dar un trato preferencial a un grupo minoritario por sobre la mayoría de los acreedores.

Por su parte, Miguel Pichetto (Encuentro Federal) ratificó su voto en contra al señalar que la ley carece de la asignación presupuestaria exigida por la Ley de Administración Financiera. 

El legislador alertó que el acuerdo no específica si los recursos surgen de nuevo endeudamiento o de rentas generales, afirmando que se trata de "un juego del sector financiero" con comisiones ocultas.