El Gobierno envió un proyecto de ley al Congreso para poder ejecutar el pago a un grupo de acreedores que mantienen litigios abiertos desde que se anunció el default del 2001. 

La iniciativa busca concluir los reclamos judiciales impulsados por los fondos Bainbridge Fund y el grupo liderado por Attestor Master Value Fund. 

La propuesta tiene la firma del presidente de la Nación, Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. 

El proyecto establece el marco jurídico para dar cumplimiento a un acuerdo alcanzado en los tribunales internacionales de Nueva York, donde se tramitan las causas por incumplimiento de obligaciones de deuda soberana. 

El litigio original incluía pretensiones económicas estimadas en 600 millones de dólares. No obstante, las proyecciones oficiales indican que la erogación final será menor a esa cifra. Esto se debe a que una proporción del colateral vinculado a los bonos Brady, instrumentos de deuda emitidos en la década de 1990, ya fue liquidada por los propios acreedores en instancias previas. 

El compromiso de pago quedó registrado ante la jueza Loretta Preska, titular del Juzgado del Distrito Sur de Nueva York, el pasado 10 de abril. En esa presentación, el Estado argentino notificó la firma de un acuerdo definitivo supeditado de forma exclusiva a la ratificación del Congreso. 

El texto detalla que el cumplimiento de los términos internacionales depende de la sanción de la ley correspondiente. Dentro de las cláusulas económicas, el proyecto establece el pago para una de las partes. Según lo estipulado, ambos actores "reconocen por el presente que, con posterioridad a la notificación de aprobaciones necesarias, la República abonará a Bainbridge un pago único en efectivo por el monto total de US$67.000.000". 

A cambio de este desembolso, la firma entregará la totalidad de los títulos públicos en su poder para su posterior anulación por parte del Tesoro. 

La resolución de este conflicto implica también el cese de acciones judiciales de ejecución que los acreedores mantenían activas en Estados Unidos. Entre las maniobras legales que quedarán sin efecto se encontraban los intentos de embargo y ejecución sobre activos de empresas estatales, específicamente sobre las acciones de Aerolíneas Argentinas y el Banco de la Nación Argentina. 

Además, el articulado del acuerdo establece la inacción procesal mutua mientras dure el proceso de aprobación. El escrito indica que "las partes acuerdan una suspensión de los litigios y de los bonos objeto de los mismos o de cualquier participación en cualquier endeudamiento externo público de la República emitido con anterioridad al 1 de enero de 2002". 

Asimismo, el convenio impone restricciones estrictas a los fondos involucrados para evitar interferencias en la gestión financiera del país. El texto aclara que "Bainbridge acuerda que no realizará, ni hará que sus afiliados, agentes o abogados realicen directa o indirectamente acción alguna (...) que pudiera esperarse que dificulte, demore, obstaculice o afecte de cualquier otro modo en forma adversa cualquier operación de obtención de capital". 

Esta cláusula busca blindar futuras operaciones de crédito, canjes de deuda o gestiones de pasivos que la República Argentina decida emprender en el mercado internacional, evitando que los acreedores utilicen los fallos previos como medida de presión. 

La firma del acuerdo representa una renuncia total a reclamos por intereses punitorios o gastos legales. En este sentido, el documento subraya que el fondo receptor "acepta el pago en virtud del acuerdo como cumplimiento total y cancelación de todos los reclamos (...) Libera y exonera en forma total y definitiva a la República de toda obligación, compensación por daños y perjuicios".