El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó investigar al Poder Ejecutivo tras la decisión de retirar el pliego de la abogada María Verónica Michelli, propuesta para integrar el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata. La presentación se originó a partir de una denuncia radicada en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se cuestiona la legalidad de la medida adoptada por el Gobierno nacional.

El eje de la controversia es el vínculo familiar de Michelli con Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación conocido por sus investigaciones sobre el Gobierno, entre ellas el caso Libra y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Para los impulsores de la denuncia, ese parentesco habría sido el factor determinante para dar de baja su postulación, que al momento del retiro ya contaba con nueve firmas en la Comisión de Acuerdos del Senado -de un total de 17 miembros- y estaba lista para dictamen.

Los denunciantes señalan que Michelli fue la única candidata afectada por una medida de este tipo dentro del conjunto de pliegos enviados al Senado, que no existieron cuestionamientos sobre sus antecedentes académicos ni sobre su desempeño profesional, y que el Ejecutivo no difundió fundamentos oficiales que justificaran la decisión.

Qué medidas pidió el fiscal

En su dictamen, Marijuan requirió una serie de medidas para reconstruir el recorrido administrativo del pliego. Solicitó que el Senado informe el estado del expediente, detalle las actuaciones registradas y precise si recibió alguna comunicación formal del Poder Ejecutivo pidiendo la baja de la candidatura. También pidió verificar la existencia de otras investigaciones vinculadas al mismo hecho y avanzar con la ratificación de la denuncia original.

Uno de los puntos más relevantes del requerimiento apunta a la declaración testimonial del propio Alconada Mon. La intención es establecer si el periodista recibió algún tipo de aviso, advertencia o comunicación relacionada con la decisión oficial respecto del pliego de su cuñada.

La causa quedó asignada por sorteo al Juzgado Federal N°6, actualmente subrogado por el juez Daniel Rafecas, quien deberá resolver las próximas medidas de prueba y definir el alcance de la investigación. El dictamen deja abierta la posibilidad de incorporar nuevas diligencias a medida que avance la recolección de información.

La denuncia plantea discriminación y un cruce en el oficialismo

La presentación judicial invoca la Ley 23.592, que sanciona actos discriminatorios en distintos ámbitos, incluida la función pública. La hipótesis bajo análisis es si la exclusión de Michelli pudo haber estado motivada por una condición familiar ajena a su idoneidad para el cargo, lo que podría configurar una conducta discriminatoria. Distintas entidades del ámbito jurídico ya manifestaron preocupación, y tanto representantes de colegios de abogados como referentes institucionales señalaron que el retiro de pliegos ya enviados al Senado es una medida excepcional que requiere fundamentos claros.

En paralelo, la decisión generó una fisura dentro del propio espacio oficialista: la senadora Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, anticipó su rechazo al retiro y comunicó al presidente Milei que ejercerá su "derecho a la objeción de conciencia" en la sesión prevista para el jueves 4 de junio, donde el Gobierno busca concretar la baja con mayoría simple.