La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un planteo presentado por el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, en la causa en la que fue procesado junto a otros 17 acusados por extorsionar a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo y defraudar al Estado. El expediente ya fue elevado a juicio oral.

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron el recurso por no existir una sentencia definitiva. El planteo apuntaba contra el fiscal que instruyó la causa, Gerardo Pollicita, a quien la defensa había recusado por supuesta enemistad manifiesta.

Según la acusación fiscal, entre junio de 2020 y marzo de 2024 los imputados habrían montado una matriz delictiva destinada a extorsionar y coaccionar a personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica, además de defraudar al Estado mediante la presentación de facturas apócrifas. De esa manera, se habría producido un desvío de fondos públicos cercano a los 50 millones de pesos.

La investigación se inició a fines de 2023, luego de que el Gobierno de Javier Milei habilitara la línea telefónica 134 para recibir denuncias anónimas de beneficiarios de planes sociales que afirmaban ser obligados a entregar parte de sus ingresos o a participar en marchas y piquetes.

Belliboni calificó la causa como "escandalosamente fraudulenta" y sostuvo que se trata de un proceso "irregular, ilegal y violatorio" de los derechos de defensa, además de denunciar una "persecución política" impulsada por el actual Gobierno.

Además del dirigente del Polo Obrero, fueron procesados y enviados a juicio oral otros 17 imputados, entre ellos María Dotti, Mariano Centanni, Erica Lubenfeld, Iván Ortíz, Ezequiel Coego, Gianna Puppo, Elizabeth Palma, Jeremías Cantero, Iván Candotti, Gustavo Vásquez, Cynthia Delgado Vilches, Dina Iramain, Brisa Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Roberto Albornoz, Gloria Estrada y Rossmery Grande Arancibia.

De acuerdo al fallo del juez federal Sebastián Casanello, el Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor recibieron más de 361 millones de pesos para proyectos productivos, laborales y comunitarios, aunque una parte significativa de esos fondos habría sido administrada de manera indebida. El magistrado detalló que se engañó al Estado mediante rendiciones con facturas falsas, simulación de gastos inexistentes, utilización de empresas ficticias y falta de rendición de una parte de los desembolsos.

En el marco de la causa, el fiscal Pollicita también había pedido la indagatoria de Emilio Pérsico, ex funcionario del Ministerio de Desarrollo Social y referente de Barrios de Pie, al considerar que la maniobra habría sido posible por la falta de controles desde la ex Secretaría de Economía Social. Dos integrantes de esa organización también fueron enviados a juicio oral.

La recusación contra Pollicita había sido presentada en febrero de 2025 y rechazada de manera inmediata por Casanello, decisión que luego fue confirmada por la Cámara Federal porteña y la Cámara Federal de Casación Penal. Con el rechazo de la Corte Suprema, ese planteo quedó definitivamente cerrado.